El Gobierno polaco recula en su polémica ley del Tribunal Supremo, cumpliendo así la orden del Tribunal de Justicia Europeo, que le obligaba a restituir a los 27 magistrados jubilados forzosamente. Este miércoles, el partido del Ejecutivo, Ley y Justicia, ha presentado en el Sejm (Parlamento del país) un borrador que incorpora una séptima enmienda a la ley que incluye la reincorporación de todos estos jueces. Con 215 votos a favor y 161 en contra, la enmienda se ha aprobado de forma exprés esta misma mañana.
"El proyecto de ley está en línea con la constitución polaca, con las normas europeas y se encuentra dentro de todos los supuestos que apuntan a reformar el poder judicial polaco", ha declarado el ministro de Justicia Zbgniew Ziobro. "Nuestro Gobierno ha enfatizado que estamos en la UE, respetamos sus reglas y respetamos sus principios", ha añadido.
El borrador parlamentario reconoce también como legítima presidenta del Supremo a Malgorzata Gersdorf. Hasta ahora, ni el presidente de la República, Andrezj Duda, ni el Consejo General del Poder Judicial (NCJP, por sus siglas en polaco) la consideraban la presidenta del máximo órgano jurisdiccional porque ella estaba dentro del grupo de jueces que habían alcanzado la edad máxima para seguir trabajando, según dictaminaba la nueva ley.
Al jubilar a casi un tercio de los magistrados del Supremo, el presidente de la República tenía vía libre para hacer nuevos nombramientos. En el caso de Gersdorf, ella desafió al Gobierno y fue todos los días a trabajar desde que recibió la carta de despido el pasado julio.
El Ejecutivo, liderado en la sombra por el ultraconservador Jaroslaw Kaczynski, acata así la decisión del Tribunal de Luxemburgo que, por primera vez en su historia, bloqueó de manera provisional en un país de la UE una reforma de tanto calado constitucional. La Comisión Europea denunció a sus colegas polacos al considerar que esta ley vulnera los principios del Estado de derecho de la sexta economía de la UE. Este martes, el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, apremió de nuevo a Varsovia a cambiar lo antes posible su rumbo y a no tratar de "acelerar" la implementación de la polémica norma.
La presidenta del Supremo, Malgorzata Gersdorf prefiere mantener la cautela. "No se sabe qué puede pasar", ha declarado esta mañana.
