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Washington reactiva la ley que permite a los ciudadanos de origen cubano llevar a los tribunales a las empresas en la isla por propiedades confiscadas tras la revolución de 1959. La medida abre un importante frente comercial con Europa 
El presidente de EE UU Donald Trump en la Casa Blanca. AFP
La Administración de Donald Trump ha pulsado este miércoles una tecla sobre Cuba que ningún otro Gobierno estadounidense, independientemente del color político, se había atrevido a pulsar en más de 20 años. Washington dejará que el 2 de mayo entre en vigor por primera vez una norma según la cual ciudadanos de origen cubano pueden lanzar un alud de demandas contra empresas extranjeras con negocios en la isla, medida que abre un nuevo e importante frente entre Estados Unidos y Europa, con España como uno de los principales afectados.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, hizo el anuncio en una fecha simbólica, el aniversario de la invasión de Bahía Cochinos, en 1961, cuando tropas de exiliados cubanos entraron en la isla con apoyo de Estados Unidos para tratar infructuosamente de derrocar a Fidel Castro. Washington deja de renovar la suspensión del Título III de la conocida ley Helms-Burton, por la cual cualquier individuo puede reclamar ante la justicia estadounidense propiedades que le fueron confiscadas a raíz de la revolución de 1959, lo que afecta a las empresas que hacen negocios en las islas porque muchos pueden estar utilizando esos terrenos u otros bienes.
Aquella ley fue aprobada en 1996 bajo la Administración de Bill Clinton, pero dicho apartado se dejó durante dos décadas sin efecto a través de suspensiones semestrales que iban aprobando todos los Gobiernos para evitar el colapso en los tribunales (se calculan decenas de miles de pleitos potenciales) y evitar una batalla comercial con otros países. El embargo económico a Cuba entra ahora en aguas inexploradas, en un momento de escalada de sanciones también en Venezuela y Nicaragua.
El cerco sobre el régimen castrista puede perjudicar a empresas hoteleras españolas como Meliá, Iberostar, Barceló o NH, con una importante presencia en la isla. La Unión Europea -y muy especialmente el Gobierno español- se ha llevado las manos a la cabeza. El ministro de Exteriores español, Josep Borrell, lo expresó en su reciente visita a Washington, con motivo de la cumbre de la OTAN. “Creo que les han quedado claras las razones por las cuales España se opondría a eso. Hay una cuestión de principio, que es que nos negamos a aceptar la extraterritorialidad de las leyes norteamericanas, creemos que sería un abuso de su capacidad de imponer normas a los demás. Y, en segundo lugar, por los intereses económicos de nuestro país”, dijo tras verse con su homólogo estadounidense, Pompeo.
