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Los programas electorales son contratos de ciudadanía, no letra mojada 
Vista general del hemiciclo del Congreso de los Diputados. Fernando Villar (EFE)
Cuanto más madura es una democracia, más importancia tienen los programas de los partidos políticos, que se convierten en “contratos de ciudadanía”. La calidad del sistema se cuestiona si devienen en letra mojada. Al final de su mandato, los políticos que los propusieron han de rendir cuentas ante los ciudadanos sobre lo realizado. Y ser premiados o castigados por ello.
Hasta ahora, las formaciones que competirán el 28 de abril en elecciones legislativas (y poco después, en europeas, autonómicas y municipales) han sido noticia por la composición de sus listas y, en general, por sus permanentes descalificaciones al contrario, a veces muy estridentes. Pero la ciudadanía todavía no conoce qué ideas defienden y, más importante todavía, cómo las van a financiar.
Este país ha pasado con súbita rapidez de un sistema de bipartidismo imperfecto a uno multipartidista, que en las próximas elecciones se agrandará. Tal transformación ha dado lugar, en los últimos tiempos, a una inestabilidad parlamentaria que ha impedido abordar algunas de las reformas imprescindibles que aseguren que España no se quedará atrás en su bienestar respecto a los principales países de nuestro entorno. Bastantes de esas reformas han de tener su complemento en el escenario europeo, de forma que la Unión no se retrase más respecto a otras zonas del mundo.
Es de la máxima urgencia que el nuevo Gobierno dedique la mayor parte de su atención a las siguientes reformas: educación, impuestos, mercado de trabajo, descarbonización de la economía, sostenibilidad de las pensiones públicas y financiación autonómica. Todas son reformas de Estado y requieren del más amplio apoyo. La educación (el futuro del capital humano de una nación) no puede estar sometida más tiempo a los caprichos y sesgos ideológicos del Ejecutivo de turno. La reforma fiscal debe tener en cuenta las nuevas realidades del sistema productivo (la digitalización) y volver al sentido progresista de los impuestos que se alumbró en el consenso de la Transición, corrigiendo los intersticios elusivos por los que se escapan tantos impuestos y persiguiendo la economía golfa y el fraude fiscal.
La transición energética, que se ensayó en la pasada legislatura y que decayó por el adelanto electoral, es una prioridad de extrema necesidad dadas las señales de alarma que, en todas partes, está ofreciendo el cambio climático. La reforma laboral es una promesa fuerte incumplida por el Gobierno de Sánchez; más que analizar el pasado, debería contemplar aspectos como la lucha contra la precariedad y la temporalidad, que lastran la cohesión de un país, mirando de frente a eso que se denomina “el futuro del trabajo”: las condiciones de vida y los derechos laborales de los que, aceleradamente (en España son ya un 15% de la población activa), laboran en la economía de plataformas. La financiación autonómica va aparejada a los elementos que han de reconstruir los criterios de confianza territorial entre los españoles de todas las comunidades autónomas.
La sociedad civil y sus instituciones han de escrutar con profundidad estos programas de quienes van a ser sus representantes en las instituciones públicas. Este ciclo electoral es muy importante.
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