"El sistema de monitorización más agresivo de la historia se probó en la población latina", asegura Álvaro Bedoya, director ejecutivo del Centro de Privacidad y Tecnología de la Universidad de Georgetown. Y explica: "Yo llegué a EE UU en 1987. A partir de 1992, cada vez que yo llamaba a mi abuelita a Perú, el Departamento de Justicia estaba registrando la conversación. Lo hacía con todas las llamadas desde EE UU a todos los países latinoamericanos, con el pretexto de controlar el narcotráfico. Pero no todos éramos narcotraficantes, lógicamente". Bedoya pone este ejemplo, una vigilancia masiva lanzada veinte años antes de las revelaciones de Edward Snowden, para ilustrar que la población inmigrante siempre sufre primero los experimentos con nuevas tecnologías de vigilancia y control. Si tiene éxito con este colectivo tan vulnerable, y la sociedad no responde en contra, se termina extendiendo al resto de la sociedad, como sucedería con las escuchas masivas permitidas posteriormente por George W. Bush.
"Se aprovecha la vulnerabilidad de los migrantes para probar métodos y tecnologías", advierte Galdon
Escándalos como el de Cambridge Analytica han puesto de actualidad los abusos que se pueden cometer con las bases de datos y otros contenidos digitales, que sirven para formar perfiles cada vez más detallados sobre los ciudadanos. Pero los migrantes, desprovistos de facto de casi todo derecho al tratar de cruzar una frontera, están especialmente expuestos ante estos abusos. La recogida de registros biométricos, el monitoreo de redes sociales o el abuso de datos confidenciales se convierte en su perdición cuando esta información se difunde por error o intencionadamente. "Se aprovecha la situación de vulnerabilidad de los migrantes para hacer cosas con ellos que no se harían con los ciudadanos, sirve para probar métodos y tecnologías", advierte Gemma Galdon, especialista en el impacto social de la tecnología y directora de Eticas. Por ello, muchos especialistas alertan de esta situación y reclaman la creación de los llamados santuarios digitales, entornos que eviten que se recopilen y difundan datos perjudiciales para migrantes y refugiados.
"Ahora hay mucha discusión sobre si vamos hacia un estado policial, pero muchas comunidades ya viven en ese estado policial: por ejemplo, la gente latina de EE UU", alerta Bedoya, uno de los juristas más destacados en el campo de la protección de la privacidad digital. Cuando Trump publicó el decreto para prohibir la entrada desde países musulmanes, además autorizó la elaboración de perfiles para evaluar si un inmigrante iba a contribuir a la sociedad, incluso con "un monitorieo constante de Facebook, Twitter o Instagram, para sacarlos del país", denuncia Bedoya. Este experto relata numerosos ejemplos de bases de datos que se explotan para perjudicar a los migrantes, como la lectura automática de matrículas de la empresa Vigilant, que sirve para conocer la ubicación de cualquier vehículo y que se pone en manos del Servicio de Inmigración para localizar expatriados.
El Gobierno británico usó un mapa de mendigos de Londres, creado para protegerlos, para localizar a inmigrantes a los que deportar
La directora de Derechos Internacionales de Electronic Frontier Foundation (EFF), Katitza Rodríguez, explica que, en algunos casos, el refugiado debe entregar sus datos personales (nombre, lugar de origen e incluso sus datos biométricos) para tener acceso a ayuda humanitaria. "Si la base de datos es mal manejada, puede ser usada por otros organismos para fines no humanitarios. Por ejemplo, cruzar dicha información humanitaria con los datos de ubicación, hábitos de consumo, situación financiera del refugiado", asegura Rodríguez. De forma similar, Bedoya pone como ejemplo los miedos que tiene la comunidad inmigrante de EE UU al ir al hospital o al colegio, porque se generan muchos datos que no están protegidos y que en muchos casos terminan en manos de Inmigración: "Una fuente de datos que históricamente se ha usado para ayudar a la población más vulnerable se usa para mejorar los números de deportaciones. Se recogen por un motivo y se usan para otros".
No es algo que suceda únicamente en EE UU y bajo la Administración Trump. En el Reino Unido se ha denunciado un acuerdo para compartir bases de datos, suscrito por los ministerios de Sanidad y de Interior, junto con el Servicio Nacional de Salud, para acceder a información confidencial de los pacientes que ayude a las labores de control de la inmigración. Allí precisamente se conoció otro caso claro de abuso malintencionado de una recogida de datos humanitaria: el Ministerio del Interior británico se sirvió de un mapa de mendigos, creado para proteger a quienes duermen en las calles londinenses, para localizar a inmigrantes a los que poder deportar.
Tecnología que condena
"La tecnología a veces salva y a veces condena", resume Galdon. Por eso, junto al concepto de ciudad santuario, lugares en los que los inmigrantes se pueden sentir seguros frente a políticas de deportación, surge ahora la necesidad de crear estos santuarios digitales. "Lugares en los que pueden acceder a servicios sin compartir datos que los pongan en peligro", en palabras de la directora de Eticas. "Tenemos que asegurarnos de que pueden vivir sin un miedo permanente a relacionarse con el mundo", añade Bedoya, y un ayuntamiento "puede hacer mucho para garantizar ese cuidado de los datos, recoger solo los necesarios o borrarlos pasado un tiempo". "La mayoría de las autoridades creen que recabar datos solo puede ser bueno: 'Recabemos más, mejorará los sistemas, los servicios...", lamenta Bedoya, que coordinó el subcomité de privacidad del Senado estadounidense.
"Los gobiernos no deben señalar a los migrantes y someterlos a vigilancia invasiva de las redes sociales simplemente por serlo", advierte Rodríguez
"Hay pocos anticuerpos para entender qué tecnología sirve y cuál no", asegura Galdon, quien señala que organizaciones humanitarias e incluso Naciones Unidas están tomando muestras de ADN o registros biométricos "con la mejor de las intenciones", pero que pueden provocar muchos males. Una investigación de la Universidad de Washington mostró que la mayoría de organizaciones humanitarias no toman las medidas necesarias para proteger estos datos. "Estos datos biométricos impiden que se olvide su pasado, se convierten en gente no tienen derecho al olvido porque en cualquier momento esos datos pueden volver a recordarlo", denuncia.
"La fallas de seguridad en la protección de datos puede tener un precio muy alto para los afectados, pero para los refugiados y sus familias en su país de origen pueden ser potencialmente mortales", ahonda Katitza Rodríguez. "Los gobiernos no deben señalar a los migrantes y someterlos a vigilancia invasiva de las redes sociales simplemente por serlo", advierte Rodríguez. La portavoz de EFF resalta cómo el derecho a la libre expresión y asociación quedan reducidos a cenizas por un gobierno que busca recopilar información sobre ellos: "Por ejemplo, al documentar la crónica de sus creencias y opiniones publicadas en redes sociales; con el mapeo de sus redes sociales; al rastrear sus movimientos, y almacenar de forma permanente esta información en una base de datos gubernamental, y utilizarla en su contra al tomar decisiones sobre su estado migratorio, o para un sinnúmero de otros propósitos".
