El portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, envió un mensaje de Whatsapp a 146 miembros de su partido en el que se ufanaba de haber elegido al juez Manuel Marchena como presidente del Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo porque eso les garantizaba controlar “la Sala Segunda desde detrás”. Se refiere al tribunal que va a dictar sentencia en el caso del procésy de lo que quería presumir Cosidó, por tanto, es de que con Marchena al frente las cosas estaban para el PP bajo control. El desprecio que exhiben sus palabras por la independencia del juez conservador, con una larga trayectoria profesional a sus espaldas, y la displicencia con la que se refiere al funcionamiento de los miembros de la judicatura, meros títeres en manos de los políticos, trasladan una manera patrimonialista de entender el ejercicio del poder que es impropia en una democracia e indigna en el portavoz en el Senado de una formación cuyo cometido debería ser el de contribuir a reforzar la dignidad de las instituciones y no sepultarlas bajo el lodazal de este tipo de bravatas.
Editoriales anteriores
Retrato judicial al completo (20/11/2018)
Malas artes (14/11/2018)
El PP se protege (29/05/2017)
Cosidó ha pretendido quitarle importancia a sus palabras con la justificación de que se trataba de un mensaje interno de su partido que no tenía que haber trascendido. El argumento es perverso. Viene a decir que esas son maneras perfectamente toleradas en el PP: la prepotencia, el desdén por la separación de poderes, la celebración de unas maniobras orquestadas en la sombra para asegurarse el gobierno de los jueces. La intervención de otras fuentes del partido, que aseguraron que Cosidó solo trasladaba las conclusiones de alguien que había “vivido desde la primera línea” las negociaciones con el PSOE, apuntan en la misma dirección: todos en el PP estamos en lo mismo, estas son nuestras maneras.
Aunque no hubiera alusión alguna al mensaje de Cosidó, el juez Marchena justificaba unas horas después su renuncia a presidir el Supremo y el Poder Judicial afirmando que jamás había concebido “el ejercicio de la función jurisdiccional como un instrumento al servicio de una u otra opción política para controlar el desenlace de un proceso penal”. El gesto del magistrado conservador ha venido a poner punto final a las lamentables maneras con que el PP y el PSOE condujeron la elección de los vocales de CGPJ y de su presidente y principal rector del Supremo.
La Justicia ha protagonizado y ha sido sometida durante estas últimas semanas a una serie de bochornosos espectáculos. Y los políticos han tenido en ellos una parte importante de responsabilidad. El mensaje de Ignacio Cosidó, que revela una forma tabernaria y matona de entender el servicio público, confirma lamentablemente que su ya larga experiencia en las instituciones no lo ha cambiado en absoluto. No llevaba un año en el Senado cuando acusó a Gregorio Peces-Barba de ser el “comisionado para el amparo de los terroristas” cuando el cometido del político socialista era el de defender a las víctimas. Tener el gatillo fácil para el insulto solo contribuye a emponzoñar las instituciones. Si entonces Cosidó pretendió desacreditar con una bravuconada una larga y rigurosa trayectoria de entrega a la construcción y defensa de la democracia, esta vez el objetivo ha sido presentar a un juez conservador como un monigote de su partido. No tuvo razón entonces, tampoco la tiene ahora. Pero Cosidó sigue ahí: llevando la indignidad a la vida pública.
