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José Bogas asume, como consejero delegado, los poderes ejecutivos de la eléctrica 
Juan Sánchez-Calero, nuevo presidente de Endesa. ESTUDIO JURÍDICO SÁNCHEZ CALERO
El consejo de administración de Endesa ha elegido a Juan Sánchez-Calero Guilarte como nuevo consejero de la entidad para sustituir posteriormente a Borja Prado en la presidencia. El nombramiento tiene que ser ratificado por la junta general de accionistas del próximo día 12 de abril. El trámite no generará ningún problema ya que el 70% del capital está en poder del grupo italiano Enel, que es el que hace la propuesta.
Juan Sánchez-Calero es catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad Complutense de Madrid desde 1997 y miembro del bufete jurídico que lleva su nombre. Ha sido repetidamente elegido para formar parte de la Junta de la Facultad de Derecho y del Claustro de la Universidad Complutense. Es director de la Revista de Derecho Bancario y Bursátil desde el año 2009. Además, participa en consejos de dirección, redacción o científicos de las principales publicaciones españolas en materia mercantil. El nuevo presidente no tendrá funciones ejecutivas, que pasarán a José Bogas, quien continuará como consejero delegado de la eléctrica.
Borja Prado cumplirá en la junta 10 años de presidente, a los que hay que añadir dos de consejero anteriormente. Fue nombrado en sustitución de José Manuel Entrecanales tras el divorcio entre Enel y Acciona que supuso la toma de control de la compañía italiana. Prado era un hombre de confianza del grupo italiano que le conocía por ser el representante de Mediobanca en España. En sus primeros años su labor se centró en intermediar entre el Gobierno y la empresa y enderezar los resultados. Mantuvo una relación muy estrecha y fluida con Fulvio Conti, consejero delegado de Enel, y Andrea Brentan, al que Enel colocó de consejero delegado de Endesa.
Sin embargo, las relaciones comenzaron a deteriorarse tras el relevo de Conti por Francesco Starace y la salida de Brentan de Endesa. Tras el cambio, Enel decidió adquirir a su filial española los activos en Latinoamérica (Argentina, Chile, Brasil, Perú y Colombia), una operación que no fue bien vista por el presidente de Endesa porque suponía de desespañolización de la empresa. No obstante, tuvo que hacer de mediador con el Gobierno español y se mantuvo en el cargo, en el que fue renovado en 2015. Ahora, cumplidos cuatro años de esa renovación, la matriz italiana decidió no renovarle. La salida supone una indemnización superior a los 12 millones de euros.
Enel aterrizó en Endesa en 2007 tras una cruenta batalla empresarial con tintes políticos. El grupo italiano, de la mano de Acciona y con el apoyo del Gobierno de Zapatero, lanzó una opa sobre Endesa, que ya había pactado la entrada de la alemana E.ON como respuesta a la primera intentona de Gas Natural (hoy Naturgy), que acabó retirándose. Acciona se quedó con el 25%, que vendió dos años después quedándose con los activos eólicos de Endesa. Enel alcanzó el 92%, que posteriormente reduciría al 70% actual, por un empeño de Prado para que al menos hubiera algo de capital español.
La pérdida de la españolidad ha sido esgrimida por los sindicatos, que han acusado a Starace de descafeinar la empresa. Según los sindicatos, Enel ha incumplido los compromisos adquiridos en la opa, ya que no ha mantenido el perímetro geográfico (venta de activos de Latinoamérica), la gestión se ha trasladado a Italia, las inversiones estratégicas se han reducido y se ha vendido el negocio de distribución de gas. Además, los contratos con proveedores se han desviado a Italia, en muchos casos a precios más altos que en España, según los sindicatos.
La ofensiva sindical continuó en una carta que UGT envió a Prado, Bogas y los cinco consejeros independientes en la que acusa a Enel de “expoliar” la firma española y quererla vender “al mejor postor”. Esta posibilidad ha sido negada por el grupo italiano, que acusaba a los sindicatos de querer presionar en la negociación del convenio colectivo y que Enel no tenía intención de desinvertir. El asedio sindical no tuvo ninguna repercusión en el Gobierno de Sánchez, ni en el Parlamento, pese al llamamiento a los grupos políticos.
