El régimen chavista ha dado este jueves un paso más allá en su intento de asfixiar a Juan Guaidó. Lo hizo por la vía administrativa, tratando de expulsarle de la política. La Contraloría General de Venezuela, organismo encargado de fiscalizar las finanzas de las instituciones públicas en el país —equivalente al Tribunal de Cuentas en España— y controlado por el chavismo, inhabilitó al presidente de la Asamblea Nacional, reconocido como presidente interino por más de 50 Gobiernos internacionales, para el ejercicio de cargos públicos durante 15 años. El responsable de ese organismo, el contralor Elvis Amoroso, ha anunciado la medida contra Guaidó con el argumento de que el político venezolano no justificó más de 90 viajes al exterior.
"No es contralor. No lo es (...), ni existe una inhabilitación (...). El Parlamento legítimo es el único que puede designar un contralor", ha aseverado Guaidó este jueves, recordando que Amoroso fue nombrado por la oficialista Asamblea Constituyente. Guaidó ha añadido que la inhabilitación "no es lo peligroso de esto, lo peligroso es que siguen atacando a la Presidencia encargada".
Además, Amoroso señaló que "se presume" que Guaidó "ocultó o falseó" datos de su declaración jurada de patrimonio, y a su vez "recibió dinero de instancias internacionales y nacionales sin justificar". Los efectos de la medida, similar a la tomada hace dos años por la Contraloría en contra del excandidato presidencial Henrique Capriles Radonski, son de momento una incógnita. El régimen declaró en desacato al Parlamento de mayoría opositora elegido en 2015 y que sigue funcionando en paralelo a la Asamblea Nacional Constituyente, un órgano oficialista, en la práctica el brazo legislativo del Ejecutivo.
Si el desafío que lanzó a Nicolás Maduro el pasado 23 de enero se resolviera a corto plazo con una convocatoria de elecciones presidenciales, un escenario improbable dado que la oposición exige primero el cese de la usurpación del régimen, Guaidó no podría presentarse a esos comicios. Si, en cambio, este proceso desemboca en unas elecciones tras una negociación, se establecerían las condiciones previas para que las decisiones del actual Gobierno quedaran sin efecto.
Las declaraciones de Amoroso se inscriben en el desarrollo de un silencioso contrataque del chavismo para sacar de la escena a Guaidó y apagar los ecos de las protestas populares en Venezuela, para lo que le viene como anillo al dedo la secuencia de apagones de estos días.
Roberto Marrero, mano derecha de Guaidó y director del despacho presidencial, fue detenido la semana pasada bajo serias acusaciones y enfrenta la posibilidad de pasar largo tiempo en la cárcel. El Gobierno de Maduro sigue responsabilizando, además, bajo un fuerte estruendo propagandístico, a “la derecha”—esto es, a Estados Unidos, a la oposición venezolana, y al propio Guaidó— , de haber ocasionado el segundo apagón nacional, en esta ocasión se supone que bajo un ataque terrorista dentro de la central hidroeléctrica del Guri.
El fiscal general del régimen chavista, Tarek William Saab, que también ha comentado varias veces los presuntos delitos cometidos por Guaidó en público, advirtió a los periodistas y los usuarios de redes sociales de las potenciales consecuencias de la llamada Ley Contra el Odio, que podría llevar a la cárcel a todo el que se muestre particularmente crítico con Maduro y sus ministros.
Los miembros de los poderes públicos del Estado bolivariano se han pronunciado en contra del proceder de Guaidó en estos dos meses, planteando públicamente la posibilidad de enjuiciarlo, sin llegar a concretar ninguna medida por el momento. El pasado 23 de enero, el Tribunal Supremo de Justicia emitió un exhorto al fiscal general chavista para que evaluara si la conducta de Guaidó era susceptible de un procedimiento judicial.
Hablando sin cesar del “fin de la usurpación, el Gobierno de transición y las elecciones libres”, Guaidó, que sigue recorriendo el país, ha declarado en varias ocasiones que no reconoce a Maduro como presidente, ni a la Asamblea Constituyente por él convocada en 2017, por interpretar que estos mandatos emanan de procedimientos fraudulentos divorciados del interés de las mayorías. En líneas generales, su actitud es la misma hacia los actuales integrantes de los poderes públicos en Venezuela, todos ellos tributarios incondicionales de Maduro.
Los miembros de la comunidad internacional, en particular Estados Unidos, han hecho un especial énfasis en el reconocimiento a la investidura presidencial de Juan Guaidó. El secretario de Estado de EE UU, Mike Pompeo, ha advertido directamente al Gobierno de Maduro de que no toque a Guaidó, puesto que esta podría ser “la última decisión que tome su Gobierno”. El avance legal de los mandos maduristas, sin embargo, se ha ido desarrollando, aparentemente, bajo la convicción de que a Estados Unidos le puede costar más caro de lo que parece hacer realidad las amenazas en contra del chavismo.
