El plan contra la explotación laboral —oficialmente “por el empleo digno”— empieza a dar frutos. Aunque desiguales. La campaña para aflorar el fraude en la contratación temporal que el Gobierno lanzó en agosto ha llevado a transformar en fijos 61.445 contratos que en las empresas constaban como eventuales de forma irregular. A estos habría que sumar 132.501 contratos más destapados en las actuaciones ordinarias. Mucho más bajo es el fraude detectado en la campaña sobre el engaño en el empleo a tiempo parcial: la Inspección ha incrementado la jornada en 8.824 casos, según el Ministerio de Trabajo.
En pleno agosto, la Inspección de Trabajo envió más de 130.000 cartas a empresas en las que había detectado indicios de fraude en la contratación temporal y en el empleo a tiempo parcial a partir del cruce de datos. Eran los primeros pasos de dos planes de choque que componían uno más amplio para tres años “por el empleo digno”. Las misivas informaban de la sospecha que tenían los inspectores y advertían al empresario de que si no reaccionaba, recibiría su visita pronto.
En el caso del empleo temporal, la efectividad de ese plan de choque ha sido muy notable. Después de haber recibido la carta, en el 76,5% de los casos los contratatos eventuales se transformaron en indefinidos. En total fueron 61.445 conversiones. Esta cifra añadida a las 132.501 transformaciones que instó la actuación ordinaria de la Inspección de Trabajo casi duplica, en todo 2018, las 92.925 regularizaciones del año anterior, según el balance del Gobierno.
La eficacia del envío masivo (52.700 cartas) baja mucho en la persecución del fraude en el empleo a tiempo parcial. Los aumentos de jornada se quedaron en 8.824, el 17,5% del total. A pesar de esto, según el Ministerio de Trabajo, si a esa cifra se suman las propias de las actuaciones ordinarias (22.693), las regularizaciones mejoran en un 48% los números de 2017.
Para los inspectores, es mucho más difícil detectar si un empleado trabaja más horas de las que dice su contrato. ¿Por qué? “Cuando un empleado trabaja a tiempo parcial, existe la obligación de llevar un registro horario. Pero esto se incumple muchas veces”, apunta Mercedes Martínez, portavoz de la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo. Añade, además, otra causa: “La programación se hizo casi a finales de año, cuando buena parte de las actividades de temporada ya habían finalizado”. Pese a esto, Martínez valora positivamente el plan.
También Ana Ercoreca, su homóloga en el Sindicato de Inspectores de Trabajo, evalúa “muy positivamente” los datos del Gobierno. Sobre el conjunto del plan y concretamente con el incremento de personal, Ercoreca se muestra “muy contenta con el refuerzo de personal”. No obstante, reclama “una mejora de las condiciones materiales y retributivas”.
En el informe que ha presentado la responsable del departamento, Magdalena Valerio, en el Consejo de Ministros, se confirman las sospechas más extendidas sobre qué actividades concentran más volumen de fraude. Fuentes de Trabajo explican que entre los criterios de selección para el envío de cartas no hubo uno sectorial, de ahí que sirva para sacar una radiografía superficial.
Destaca la hostelería
La rama en que hubo más regularizaciones fue la hostelería. Entre conversiones y aumentos de jornada suman 13.556 regularizaciones, el 19,3% del total de actuaciones extraordinarias. El comercio y la reparación de vehículos se sitúa muy cerca (13.311, el 18,9% del total). A cierta distancia, completa el podio la industria, con 10.144 regularizaciones, que se concentran, sobre todo, en conversiones de temporales en fijos.
Que este trío de actividades encabece estas regularizaciones es lógico: son las que concentran más asalariados. Sin embargo, no tiene tanta lógica que la primera sea la hostelería, que tiene cotizando a 1,2 millones de empleados, frente a los 2,5 millones del comercio o los 1,8 millones de la industria.
El análisis por actividades también apunta a uno de los agujeros —o lastres— que tiene la Inspección de Trabajo en su actuación. Entre las trabajadoras domésticas solo ha podido regularizar la situación en 709 casos, apenas un 1% del total. La inviolabilidad de los hogares impide a la policía laboral acceder a las casas para realizar actividades de control rutinarias, algo que no sucede en las empresas.
