"); } "); } else document.write("
");
El informe de la comisión sobre la crisis financiera critica el modo en el que los bancos gestionaron los impagos de las hipotecas 
El informe sobre la crisis financiera que aprobó la semana pasada el Congreso se pronuncia sobre una de las consecuencias más nefastas que trajo el estallido de la burbuja: los desahucios hipotecarios. De manera rotunda critica el modo en el que la banca gestionó los impagos de las hipotecas durante los años de recesión. Hasta el punto de que los califica de “error estratégico” de las entidades, que acabaron con un amplio stock de viviendas que no sabían cómo gestionar y con una importante pérdida de reputación. Además, los diputados defienden que se deberían haber articulado otros mecanismos para evitar ese daño a la sociedad.
Protesta contra un desahucio en un edificio de Madrid. kike para
El documento ha sido aprobado con el apoyo de todos los grupos salvo Ciudadanos. Y a propuesta del PP sostiene que durante la crisis faltaron medidas alternativas para enfrentarse al fuerte incremento de la morosidad hipotecaria. "Las entidades tampoco valoraron (en general, aunque sí alguna entidad) motu proprio ofrecer soluciones a sus clientes distintas de los cierres de las operaciones y los posteriores lanzamientos y ejecuciones hipotecarias", afirma.
E incluso va más allá al apuntar que existían otras opciones que las entidades podían haber adoptado: "En muchos casos, se podría haber facilitado la continuidad de las operaciones y que las familias pudieran seguir manteniendo sus viviendas".
En el fondo, el informe señala que este modo de proceder resultó hasta contraproducente para los propios bancos: "Las entidades financieras se hacían con un número cada vez mayor de viviendas en un mercado que no tenía salida y en un sector de actividad que ellas desconocían". De ahí que el texto de las Cortes tilde los desahucios de "error estratégico". "Afectó de forma negativa a la sociedad y ha generado parte de ese coste reputacional que ahora se convierte en un reto a mejorar", concluye.
"No tenía sentido. Acumularon inmuebles por los que tenían que soportar gastos de mantenimiento sin poder venderlos. Junto a las preferentes, que supusieron un esparcimiento de las pérdidas por toda la sociedad, ha sido la base del problema reputacional de la banca y les va a costar años recuperarla", explica Miguel Ángel Paniagua, diputado del PP encargado del informe y exempleado de banca. En su opinión, el enfoque de minimizar los problemas e intentar poco a poco solventarlos obligó a la banca a ir rebañando de todas partes, incluyendo de las ejecuciones hipotecarias.
El Defensor del Pueblo ya advirtió de este hecho al Congreso en un informe fechado en enero de 2012. "Las entidades deberían haber entrado más en las renegociaciones", argumenta Fernando Zunzunegui, el abogado que elaboró el análisis que sirvió de base para las propuestas del Defensor del Pueblo.
Fuentes bancarias esgrimen dos objeciones respecto a las conclusiones del informe:
Endurecimiento del crédito. Este tipo de recomendación se plasmará en un crédito más caro y más difícil de obtener, al tener que poner en precio que resultará más complicado embargar. De hecho, destacan que con el alza de la litigiosidad la banca española ya ha dejado de ofertar los tipos hipotecarios más baratos para situarse por encima de la media de la zona euro.
Coste para el contribuyente. Se fomentaría la transferencia de pérdidas desde los deudores a los accionistas o los contribuyentes. Citan el ejemplo de Estados Unidos, donde existe la dación en pago pero se tuvieron que instaurar unas agencias con garantía pública —Freddie Mac y Fannie Mae—, que subsidiaron la concesión de hipotecas a rentas bajas. Sin embargo, estas sociedades luego tuvieron que ser rescatadas.
Como explica el magistrado José María Fernández Seijo, en los primeros años de la crisis las entidades apostaron por convertirse en inmobiliarias porque pensaron que el mercado se recuperaría. Pero eso no sucedió. La crisis se alargó mucho más y adquirió mayores dimensiones que la anterior. Se tuvo que recurrir al rescate de Europa. Y ahora las entidades han tenido que ir deshaciéndose de esas viviendas adjudicadas con grandes descuentos cuando podían haberlo resuelto antes con reestructuraciones de la deuda. Así su imagen no habría sufrido tanto y se habrían evitado pleitos en los tribunales, sostiene Fernández Seijo.
Las responsabilidades
"La situación desbordó a todos. Las entidades intentaron negociar porque no tenían nada que ganar al quedarse con un piso. Supone un coste muy elevado para el banco, y más desde las provisiones que impuso Guindos. Como última solución, se ejecutaron las de aquellos que no podían negociar. De lo que hay que culpar a los bancos es de que concediesen crédito en condiciones muy relajadas. Una parte fue crédito bueno que se volvió malo con la crisis. Pero otra parte fueron préstamos en los que no se examinó bien la capacidad de pago y se sobrevaloraron las garantías, algo en lo que sí tuvieron responsabilidad. Por otra parte, los prestatarios también asumieron una responsabilidad al firmar", razona Juan Fernando Robles, profesor del Centro de Estudios Financieros. En general, fuentes del sector bancario piensan que el Congreso ha alumbrado una especie de Frankenstein, en el que ha salido todo aquello que parecía popular aunque no tuviese sentido.
Sea como fuere, las soluciones paliativas que articuló el Gobierno del PP ya a finales de 2012 solo se referían a personas en riesgo de exclusión social. Lo que, según Fernández Seijo, dejó a la intemperie a las clases medias. De acuerdo con algunas estimaciones, el número de desahucios de primera vivienda podría haber alcanzado durante la crisis el entorno de los 230.000. Y las cifras no empezaron a descender hasta noviembre de 2012, cuando la abogada general de la UE estableció en el caso de Mohamed Aziz que la legislación española no permitía al hipotecado la posibilidad de reclamar, lesionando sus derechos. En 2013, el Tribunal de Luxemburgo publica la sentencia de este caso, dejando claro que los jueces pueden intervenir para valorar si hay cláusulas abusivas.
En 2015, el Supremo declara nulas las cláusulas de vencimiento anticipado, aduciendo que una parte no puede dar por vencido el préstamo solo por un incumplimiento leve. Desde entonces, hay unas 80.000 paralizadas a la espera de que se siente un criterio. El próximo 26 de marzo se debería resolver este impasse cuando el Tribunal europeo dictamine sobre las cuestiones prejudiciales planteadas por el vencimiento anticipado de la hipoteca.
La nueva ley de crédito inmobiliario, que ha aprobado el Congreso y que entrará en vigor tres meses después de que se publique en el BOE, endurece los requisitos para que se desaloje. Y además permite que en las hipotecas viejas el cliente pueda elegir a qué esquema se acoge: si al nuevo o al antiguo, que en principio se adaptará a lo que establezca el 26 de marzo el Tribunal de la UE.
El informe del Congreso no solo pone el acento en la gestión de la banca. A propuesta de Unidos Podemos e inspirados por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, se recomienda una mayor coordinación entre jueces y servicios sociales para dar soluciones a los desalojos. Y que las Administraciones otorguen una alternativa habitacional adecuada o un alquiler social. “Que los desalojos que afecten a personas sin recursos para procurarse una vivienda alternativa solo se ejecuten después de que haya habido una consulta genuina y efectiva con estas personas y de que las comunidades autónomas y/o los ayuntamientos hayan realizado todos los pasos indispensables, hasta el máximo de sus recursos disponibles, para que las personas desalojadas tengan una vivienda alternativa, en especial en aquellos casos que involucran a familias, personas mayores, niños u otras personas en situación de vulnerabilidad”, dice.
Se exige que se paralicen los de primera vivienda cuando haya menores de edad y no se brinde una alternativa habitacional, en cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño. También pide que en todos los contratos para la adquisición de primera vivienda se establezca la responsabilidad patrimonial limitada al importe de los bienes hipotecados. Esta idea haría que no se pudiesen considerar garantías adicionales para lograr la hipoteca, recuerdan fuentes bancarias.
