Ni el Banco de España ni la CNMV se sientan en el banquillo de los acusados del juicio por la salida a Bolsa de Bankia, aunque por momentos lo haya parecido. La entidad financiera, creada en 2010 a partir de la integración de Caja Madrid y otras seis cajas de ahorros, debutó en el parqué madrileño en julio de 2011. En 2012 fue intervenida y se tragó 22.424 millones de ayudas públicas. El fiasco dejó miles de perjudicados (a la mayoría Bankia ya les devolvió su dinero), que ahora quieren saber qué pasó y, sobre todo, de quién fue la culpa.
La Audiencia Nacional tiene que determinar si Rodrigo Rato y otros tres exadministradores dieron información falsa a los inversores, como cree la Fiscalía Anticorrupción. Las acusaciones particulares y populares van más allá: creen que 34 personas (entre ellas, tres personas jurídicas: Bankia, BFA y el auditor Deloitte) cometieron otros delitos, de falsedad contable y administración desleal.
El constante cruce de críticas y regañinas de las últimas semanas es irrelevante para que el tribunal dirima si hubo delito. Dejando a un lado las comparecencias estelares (Lagarde, Guindos, Segura, Fainé, Francisco González…), el meollo llegará en la fase pericial. Será la parte más técnica pero la más contundente. Hasta ahora el juicio —han declarado 34 acusados y 26 testigos— se ha asemejado a un Sálvame Deluxe Edición Banca que el mundo financiero ha seguido como si fuera el culebrón de moda.
Estas son algunas de las claves de estos casi seis meses de juicio:
El papel de los organismos: Banco de España y CNMV
El juicio de Bankia ha destapado muchas miserias en el Banco de España, trapos sucios que normalmente se lavan en casa pero que ya durante la instrucción y especialmente en las últimas semanas se han expuesto a la implacable luz del escrutinio público. ¿Qué papel jugó el Banco de España en la integración de las cajas que dio lugar a BFA-Bankia y en la salida a Bolsa de esta última? Depende del testigo. Por la sala de San Fernando de Henares han desfilado inspectores y directivos de la entidad. Y también actores clave del sector, como el expresidente del BBVA, Francisco González, que ha criticado que el Banco de España permitiera la fusión fría de las cajas y apuntado, de forma más o menos velada, a que fue la entidad presidida por Miguel Ángel Fernández Ordóñez la que pilotó desde el principio la ruinosa operación.
FG, como se le conoce en el mundo financiero, declaró que el BBVA sabía que Bankia tenía problemas antes de la salida a Bolsa y culpó de la situación “no solo a los administradores, sino también a las instituciones”. También fue el primero que contó que el entonces subgobernador, Javier Aríztegui, llamó a los principales bancos del país para pedirles que participaran en la operación. Aríztegui lo negó. Pero luego llegó Isidro Fainé, expresidente de La Caixa, y confirmó que con ellos también contactó el propio Aríztegui para pedir que comprara acciones. Lo hicieron: compraron 100 millones; perdieron la mitad.
Son los profesionales anónimos —no tanto después del juicio— que trabajan en el Banco de España los que más información relevante han proporcionado: desde el inspector José Antonio Casaus, autor de varios correos internos en los que alertó de que BFA-Bankia era inviable y recomendaba no salir a Bolsa, hasta el exjefe contable del regulador, Jorge Pérez Ramírez, que hace unos días declaró que al ver el folleto de salida a Bolsa de Bankia saltaron las alarmas. Relató que redactó una alerta urgente que no fue tenida en cuenta. Y explicó la situación con una metáfora simple pero efectiva: Bankia se promocionaba como oro, pero se vendía a precio de cobre.
La guerra interna en el Banco de España se evidenció con testimonios como el del antiguo director de Inspección, Pedro González, que criticó a Casaus y tildó de “opiniones sin respaldo documental” sus avisos. Vino a decir que había acertado en su predicción, pero de pura chiripa. Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el máximo responsable del supervisor durante la crisis, que llegó a estar imputado al inicio del procedimiento, se sacudió la responsabilidad: dijo que los correos de Casaus nunca le llegaron, que las decisiones las tomaron los administradores y que la culpa del desplome de Bankia la tuvo ese imponderable llamado crisis.
Dado que lo que se enjuicia es si hubo engaño a los inversores, y estos se informaron de la operación a través del folleto de salida a Bolsa, el papel de la CNMV, responsable de aprobar el documento, es crucial. Pero, como ocurre con el Banco de España, esa responsabilidad solo será política, de rendición de cuentas, puesto que sus máximos responsables han declarado como testigos, no como acusados. Julio Segura, presidente del regulador en 2011, dio este martes uno de esos titulares que los periodistas de tribunales saludan con interjecciones en cuanto se pronuncian: “Que la CNMV autorice un folleto no quiere decir que sea correcto”.
La CNMV no está, dijo Segura, para repetir el trabajo de los auditores ni el del supervisor y, si los datos parecen correctos, se asume que lo son y se les da el visto bueno. Pero, ¿era correcta o no esa información? Como el grupo había nacido de la fusión de siete cajas, la única información consolidada disponible era la de marzo de 2011. Sobre esas cuentas hablarán los peritos.
La reunión de los banqueros y la dimisión de Rato
Las dos peculiares cenas que mantuvieron los principales competidores de Bankia (BBVA, La Caixa y el Santander) con el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, y el presidente de Bankia, Rodrigo Rato, han ocupado horas de declaraciones. Son revelaciones que al tribunal le aportan poco a la hora de resolver si hubo delito, pero que han tenido al sector bancario con el cubo de palomitas sobre el regazo. La primera fue el 4 de mayo de 2012; la segunda, domingo, el 6 de mayo. Rodrigo Rato dimitió el 7 de mayo y precipitó el fin de Bankia, ya en caída libre.
El expresidente de BBVA, Francisco González, a su llegada a la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares para declarar como testigo en el juicio de Bankia. J. Villanueva
A falta de uno de los comensales —el fallecido Emilio Botín— las versiones sobre lo que allí se decidió difieren al 50%. Rato y Francisco González han dicho que le pidieron al primero que dimitiera. Guindos, que declaró por videoconferencia desde su despacho en el Banco Central Europeo en Fráncfort, lo negó. Fainé también. “Hubiera sido muy violento”, comentó. Guindos citó a los banqueros y a Rato para hablar de la delicada situación de la entidad y de la propuesta de Rato para tratar de sacarla a flote, que consistía en ampliar capital en 7.000 millones de euros, emitiendo bonos y con un truco contable. “Con eso no arreglábamos el problema”, dijo FG.
Contra reservas o contra resultados
Uno de los puntos clave para saber si hubo engaño a los inversores se esconde bajo esa dicotomía. Cuando las siete cajas que formaron BFA-Bankia se integraron (en el llamado SIP o fusión fría) tuvieron que juntar sus activos (a valor razonable, en la terminología del juicio de Bankia) y para ello tenían dos opciones a la hora de contabilizar las pérdidas y sanear las cuentas de 2010. Las podían cargar contra resultados, lo que les obligaría a registrar pérdidas y alertar a los inversores, o contra reservas. El Banco de España les autorizó a hacerlo contra reservas, y pudieron hasta entregar bonus a los directivos pese a que había sido un año muy malo.
Las acusaciones creen que esta decisión fue irregular y contribuyó a maquillar el cutis cadavérico de las cajas. Ocultaba que estaban despatrimonializadas, según asegura, por ejemplo, el abogado del CIC, Andrés Herzog. El último presidente de la Comisión de Control que tuvo La Caja de Canarias (integrada en el SIP), José Ramón Durán Alday, criticó esa decisión durante su declaración en el juicio. Las entidades, dijo, tendrían que haber contabilizado pérdidas, pero no lo hicieron.
Fernández Ordóñez, en cambio, defendió la decisión y aseguró que el procedimiento se aprobó para todas las cajas españolas que se fusionaron, no solo para Bankia. “Fue algo muy estudiado”, dijo, y aseguró que hoy día mantiene que fue la decisión correcta.
El precio de la acción
La acción de Bankia salió a Bolsa a 3,75 euros, un 15% por debajo del mínimo de la horquilla inicial, que oscilaba entre 4,41 y 5,05 euros, y con un descuento del 74% sobre el valor en libros de la entidad. “¿Se incluyó una advertencia en el folleto de la salida a Bolsa sobre esta cuestión?”, preguntó Herzog a Julio Segura. Este respondió que fue el precio que fijaron los 16.000 inversores profesionales y que la CNMV no tenía nada que decir sobre ello.
Pero para las acusaciones particulares es muy importante. Los peritos designados por el juez, inspectores del Banco de España, aseguran que el descuento en el precio de la acción provocó en la matriz de Bankia, BFA (Banco Financiero y de Ahorros) un agujero que, de haberse reconocido contablemente, habría llevado a la entidad a entrar en causa de disolución. En quiebra. Los peritos, que declararán previsiblemente en junio o en julio, señalaron en sus informes que el empeoramiento de la solvencia del grupo no se debió a la crisis o al efecto de los decretos Guindos (normas que obligaron a la banca a hacer provisiones superiores a 80.000 millones), sino a ese tremendo descuento. Los inversores no fueron advertidos de ello en el folleto, asegura la Fiscalía Anticorrupción. Tampoco de la incapacidad de la entidad de generar beneficios.
El informe del FMI
Los casi 30 testigos que han desfilado por la Audiencia Nacional han servido para reconstruir los frenéticos días que precedieron a la dimisión de Rato de la presidencia de Bankia el 7 de mayo de 2012 y al rescate de la matriz, BFA, dos días después, tras lo que el Estado se convirtió en el primer accionista del banco. Una de las fechas de vértigo es el 25 de abril de 2012. El FMI publicó ese día un informe —“extrañísimo y sorpresivo” en palabras de Jerónimo Martínez Tello, máximo responsable de Supervisión del Banco de España— que disparó las alarmas en el sector y aceleró la caída de la ya muy maltrecha entidad. Sin nombrarla pero dando pistas claras sobre a qué se refería, el Fondo pedía a Bankia medidas “rápidas y decisivas” para sanearse.
Diversas fuentes creen que fue Luis de Guindos el que indujo esa extraña publicación de conclusiones preliminares, como forma de presión para desalojar a Rato. Así lo cree también Rato, según ha declarado en el juicio. Para aclarar esas circunstancias, el CIC ha pedido la comparecencia de la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, pero no la veremos entrando a la sede de la Audiencia en el polígono industrial de San Fernando de Henares, ni por videoconferencia: ha exigido responder a las preguntas con un cuestionario por escrito.
Las cuentas sin auditar
El principio del fin de Bankia empezó un poco antes del exótico informe del FMI. Concretamente en marzo de 2012, cuando en un hecho aún más extraño la entidad presentó sus cuentas de 2011 en la CNMV sin el informe de auditoría de Deloitte. Al mercado le olió a chamusquina. Esas cuentas reflejaban beneficios de 309 millones de euros. En mayo, tras la marcha de Rato y cuando tomó las riendas José Ignacio Goirigolzarri (actual presidente), se reformularon y aparecieron unas pérdidas de 2.979 millones.
Decenas de horas de juicio se han dedicado al papel de Deloitte, y a dar vueltas sobre una palabra: borrador. Francisco Celma, auditor jefe, mantiene que no pudo entregar su borrador de auditoría porque durante meses pidió documentación, especialmente del negocio inmobiliario, y Bankia no se la dio. Sin embargo, en el sumario consta un documento —para unos, “borrador”; para otros, un humilde “papel”— en el que Celma sí dice cómo sería, solo en caso de cumplirse ciertas condiciones, su opinión sobre las cuentas de 2011.
Se lo mandó a Rato el 18 de abril de 2012, por mensajero, como una gestión privada. Los amantes de las conspiraciones ven aquí la prueba de oscuros conciliábulos. Celma, sin embargo, asegura que era un simple “papel” que redactó en una noche después de una llamada de Rato: este quería saber cómo quedaría el informe si tras aportar la documentación pendiente no hacían falta ajustes y si llegaban 7.000 millones extra de capital que había pedido al Estado para tratar de salvar la entidad, y él le redactó un informe. Los millones no llegaron. Y ya sabemos lo que ocurrió después.
