Tras una década prácticamente perdida, la economía española sigue creciendo por encima de la zona euro y creando empleo. Pero esas cifras dejan en un segundo plano un ingente paquete de asignaturas troncales y pendientes que Bruselas expone en el análisis del llamado Semestre Europeo, que fija las políticas económicas, fiscales y sociales prioritarias que deben emprender los países en el año en curso. El informe concluye que, en general, los avances de España en el último año han sido “limitados”. Es decir, un aprobado raspado. Y advierte de que esa lentitud se debe también al contexto político de los últimos doce meses, con un cambio de Gobierno y la convocatoria de elecciones en abril.
Ha habido crecimiento. Y se prevé que lo siga habiendo. Pero el informe alerta de que sigue habiendo “desafíos importantes”. El principal: reducir esa capa de ciudadanos que ha quedado apartada de la recuperación. “El paro está cayendo rápidamente, a la vez que conduce a una leve caída de la pobreza y la exclusión social, pero demasiada gente sigue sin un empleo o con contratos laborales temporales y la desigualdad en los ingresos es acusada”, asesta la Comisión Europea.
En comparación con la “robusta” expansión de los últimos años, Bruselas solo ve “ligeras mejoras” en el terreno laboral y social. La tasa de empleo, señala, sigue siendo baja. Y resalta dos factores que ponen de manifiesto la actual precariedad del mercado de trabajo: la posición de “desventaja” que aún sufren las mujeres respecto a los hombres y el “uso generalizado de contratos temporales”, que considera un freno para el “crecimiento potencial” y para la “cohesión social” del país.
Pobreza infantil
La Comisión identifica causas y consecuencias de esa precariedad utilizando indicadores que tratan de medir el desempeño en el llamado Pilar Social. Y estos arrojan que la tasa de abandono escolar es “aún elevada”. El informe admite que el único terreno en el que ha habido “algunos avances” significativos ha sido el de la modernización de los servicios públicos de empleo, pero sigue apreciando “barreras a la movilidad laboral” que reducen oportunidades para los solicitantes.
La otra gran tarea por delante es enderezar la “desigualdad en los ingresos y oportunidades” que, según reza el documento, “persisten” en España. La Comisión reconoce ahí que la subida del salario mínimo interprofesional en un 22,3% “podría ayudar” a reducir el volumen de trabajadores que viven en la pobreza. Pero, como ya ha hecho en anteriores informes, avisa de los efectos secundarios de esa medida, especialmente para trabajadores jóvenes y con una baja calificación.
“La proporción de gente con riesgo de pobreza o exclusión social descendió ligeramente en 2017, pero sigue alta, particularmente la infantil”, apunta con rotundidad el documento. El peligro de caer en esa situación, recuerda el estudio, es mayor entre los trabajadores temporales, los que tienen baja cualificación y los inmigrantes de fuera de la Unión Europea. Y España, concluye, no está bien armada para combatir ese fracaso social: el gasto público en prestaciones familiares equivale a “la mitad de la media de la UE” y, además, debería estar mejor enfocado hacia familias con ingresos bajos.
Las pensiones, un problema para las arcas públicas
El próximo Gobierno deberá hallar un complicado equilibrio para afrontar el triple reto que, a tenor del borrador del informe, le plantea la Comisión: seguir creciendo, enderezar las cuentas públicas y reducir la brecha social. Y lo es sobre todo porque, como señala el documento que irá al Colegio de Comisarios el miércoles, la deuda —aunque se ha ido reduciendo— aún representa una fuente de vulnerabilidad.
Como ya ha advertido en otras ocasiones Bruselas, la deuda pública supone un riesgo para la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio y largo plazo. La Comisión Europea prevé que esa bola haya encogido hasta el 96,9% del PIB en 2018 y que siga haciéndose más pequeña hasta 2020 por el crecimiento económico y “un pequeño superávit primario” desde 2019. Sin embargo, advierte de que si se tienen en cuenta el ciclo económico “el déficit del Gobierno de España sigue persistentemente alto”, en especial porque el nivel impositivo es bajo respecto a los gastos.
El borrador del informe se detiene también en la sostenibilidad del sistema de pensiones. La Comisión considera “probable” que las “desviaciones temporales recientes” respecto a la reforma de 2013 —se fijó que las pensiones para 2018 y 2019 se revalorizaran de acuerdo con el aumento del coste de la vida— y los planes de “restablecer el vínculo de las pensiones con el índice de precios al consumo” supongan un incremento del gasto “significativo” a medio y largo plazo. A no ser, añade, que se adopten medidas compensatorias adicionales.
Pero no es ese el único factor que pone en jaque la sostenibilidad del sistema de pensiones. También lo es la precariedad laboral, sobre la que Bruselas insiste a lo largo del documento. Los autores del informe señalan que la temporalidad laboral representa un problema. “Las carreras incompletas y rotas”, sostiene el documento, tienen como resultado “bajos derechos de protección social” y pesan sobre “la suficiencia y la sostenibilidad del sistema de pensiones” de España.
El documento también evalúa otros aspectos como la competitividad de la economía española, la deuda privada o la investigación e innovación. En el que mejor parada sale España es en el apartado de medioambiente. Los últimos datos de los que dispone la Comisión indican que en 2017 las energías renovables tenían una cuota de mercado del 17,5%. “España está progresando bien para llegar al objetivo del 20% de 2020”, añade.
Aun así, como siempre, la Comisión evita que se caiga en la complacencia con un tirón de orejas y recrimina a España que las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos estén subiendo. “Se requieren más acciones para mejorar la transición hacia una movilidad limpia y sostenible”, concluye.
