Borja Prado dejará la presidencia de Endesa en la próxima junta general de accionistas de la compañía, prevista para el mes de abril. El ejecutivo habrá cumplido entonces 10 años al frente de la eléctrica, a cuya presidencia accedió en 2009 tras haber estado dos años como consejero. La salida de Prado que tendrá que ser aprobada por la Comisión de nombramientos y retribuciones y por el Consejo de Administración del grupo energético, ha sido negociada desde el año pasado tras producirse un alejamiento con la cúpula de Enel, el grupo italiano que tiene la mayoría del capital en la eléctrica, en concreto con el consejero delegado del mismo, Francesco Starace.
En círculos cercanos a la empresa se baraja el nombre de Juan Rosell, expresidente de la patronal CEOE, como sustituto, aunque sin labores ejecutivas, que las asumiría José Bogas como consejero delegado.
Por su trabajo como presidente de la compañía, Prado logró en 2017, último ejercicio del que hay datos disponibles, una retribución de 3,184 millones de euros más una aportación a su plan de pensiones por importe de 281.000 euros. Segun el último informe anual sobre remuneraciones, tanto en caso de extinción de mutuo acuerdo como en caso de cese por libre voluntad de la empresa, Prado tendría el derecho a recibir una indemnización de 2,8691 veces su última retribución anual, al margen de las cantidades acumuladas por pensiones y seguros, más 0,9564 veces la retribución anual en concepto de pacto de no competencia por dos años. Eso, con las cifras de 2017, daría una indemnización mínima de 12,18 millones, pero se desconoce aún su retribución de 2018 y, en todo caso, las partes son libres de fijar una indemnización mayor. Según El Confidencial, es cifra superaría los 13 millones. Además, Prado contaba a cierre de 2017 con una dotación de 2,3 millones en su fondo de pensiones, más lo que se haya aportado durante 2018.
Distanciado con Enel
Prado, que era el responsable de la entidad italiana Mediabanca en España en 2009, llegó al cargo como hombre de confianza del grupo italiano Enel, que había aterrizado en la empresa en una polémica operación en la que estuvo acompañado por Acciona y que tuvo el apoyo del Gobierno de Zapatero y en contra de la dirección del grupo, entonces presidido por Manuel Pizarro. La batalla fue campal hasta que se zanjó con un acuerdo que les dio el poder. Posteriormente, Acciona vendió su 25% a Enel y este grupo asumió el 92% de la compañía, para unos años después vender el 22% y quedarse con el 70%.
Las relaciones de Prado, que este lunes se encontraba en París, con el grupo italiano se fueron deteriorando a raíz de la sustitución de Fulvio Conti por Starace en 2015. En paralelo también cambió el consejero delegado de Endesa siendo nombrado José Bogas en lugar de Andrea Brentan, con quien Prado mantenía buen entendimiento.
Prado nunca vio con buenos ojos la compra por parte de Enel de los activos de Endesa en Latinoamérica dirigida por Starace desde Roma, ya que dejaba al grupo español muy mermado, con una presencia sólo en la Península Ibérica. Precisamente, el antecesor de Starace, Fulvio Conti, también se opuso a realizar dicha operación, que a la larga le ha supuesto muchos beneficios al grupo italiano.
Denuncia de UGT por expolio
Prado, asimismo, se mostró comprensivo con las reclamaciones de los sindicatos de la empresa, que en la última junta de accionistas denunciaron, en presencia de Starace (vicepresidente de Endesa), al grupo italiano de llevar a cabo una política en contracde los intereses españoles, con la pérdida de inversiones y de subcontratas en España.
En ese sentido, UGT Endesa, el mayoritario en la empresa, envió una carta Borja Prado, asi como a José Bogas (consejero delegado) y los consejeros independientes en la que acusa al máximo accionista de la compañía de "expolio y querer venderla al mejor postor". UGT culpaba a Enel de haber sumido a la compañía "en un proceso constante de descapitalización, desinversión y externalización de actividades que pone en gravísimo riesgo el futuro de la empresa y destruye el empleo estable". Fuentes de la firma aseguraron entonces que las acusaciones responden al intento de presionar en la negociación del convenio colectivo y que el grupo italiano no tiene ninguna intención de desinvertir.
UGT incriminó a todo el consejo de administración por haber sido "cómplices, cuando menos pasivos, del expolio que Enel está llevando a cabo en Endesa". Por ello, les reclama que "asuman su responsabilidad social corporativa y la defensa de nuestra compañía, que fue líder y referencia del sector eléctrico y debe volver a serlo" y les insta a "que se involucren en la adopción de cuantas decisiones y medidas sean necesarias para garantizar la viabilidad, continuidad y sostenibilidad".
