Aplicaciones informáticas por las que el Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales) lleva años pagando y no están operativas. Contratos duplicados para realizar una misma tarea. Licitaciones de servicios informáticos con costes anormalmente altos. Contratos ficticios y controles laxos. El funcionamiento de la contratación de la informática del Imserso en la última década está bajo la lupa de la Fiscalía Anticorrupción, que ha pedido copia de 10 expedientes concretos y de todas las facturas pagadas y las licitaciones ganadas por ocho empresas que trabajan habitualmente con la Administración General del Estado, según documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS.
El Imserso maneja un presupuesto de unos 4.000 millones al año para pagar las pensiones no contributivas y el sistema de dependencia y contrata cada año por valor de unos 150 millones de euros. El fiscal Anticorrupción encargado de las pesquisas tiene ya sobre su mesa informes internos que recogen las anomalías. La investigación empezó en septiembre, tras recibir la denuncia de una funcionaria que detalló irregularidades como bajas del 50% en el precio de la licitación, acceso de personas ajenas al Imserso a los sistemas informáticos del organismo o empresas que definían las necesidades de contratación y competían luego para llevarse esos contratos.
En el Ministerio de Sanidad admiten las pesquisas de la Fiscalía y añaden que ya han remitido “la documentación requerida”. También aclaran que “la información solicitada es relativa a contratación administrativa de informática correspondiente a la anterior etapa de Gobierno, en especial relacionada con los expedientes de contratación del sistema de información de la dependencia”.
La investigación de la Fiscalía Anticorrupción ha requerido ya abundante documentación al Instituto de Mayores y Servicios Sociales. Por un lado, ha pedido la relación de puestos de trabajo vigentes entre 2010 y 2018 relacionados con la gestión, ejecución y control de la contratación administrativa.
Los informes de control financiero de la Intervención Delegada, los emitidos por la Inspección General y todos los contratos de servicios informáticos relacionados con el Sistema de información de la Dependencia están entre la documentación solicitada del periodo 2010-2018, cuando al frente del Ministerio de Sanidad figuraban Leire Pajín, Ana Mato, Alfonso Alonso y Dolors Montserrat.
Esta investigación viene precedida de un periodo de marejada en el Imserso, con varias destituciones de responsables en las áreas implicadas: informática, contratación y el área económica y presupuestaria. En el último año han sido destituidos, entre otros, el coordinador de Asuntos Económicos, el adjunto a la Dirección del Imserso, el jefe de área de Informática y el subdirector general de Planificación, ordenación y evaluación. Todos estos movimientos se produjeron en la última etapa del PP al frente del Gobierno, con Carmen Balfagón como directora general del organismo. A los afectados simplemente se les decía que se les relevaba por pérdida de confianza, aunque la denuncia en la Fiscalía, que firma Balfagón junto con la funcionaria, sí se relacionan los ceses con las irregularidades. Fuentes próximas a los cesados rechazan las acusaciones de la denuncia.
El escrito que inicia la investigación enumera varias irregularidades administrativas, como que las actas de las mesas de contratación no se firmaban hasta finalizado el expediente. Algo que “abría la posibilidad de que se produjeran manipulaciones en su contenido”, apunta la funcionaria.
Relata la demanda que todo comenzó con la llegada al Imserso en octubre de 2017 de una reclamación económica de la empresa Wairbut que reveló “la existencia continuada de contratos ficticios con el objetivo de realizar pagos de servicios contratados al margen de los procedimientos legales de contratación”. La compañía había trabajado durante unas semanas sin estar firmado el contrato.
La funcionaria asegura también que, ante la imposibilidad de cargar en un programa de gestión presupuestaria llamado GESPRE unos documentos, descubrió que el último contrato en vigor adjudicado a la empresa Alten (por importe de 90.000 euros) tenía “por objeto precisamente dicho cometido, sin que se hubiera ejecutado”. Las facturas, en cambio, habían sido conformadas y pagadas. Examinando otras licitaciones, descubrió que Alten había mantenido otros contratos entre 2014 y 2016 por idéntico importe (17.694 euros), “por debajo del umbral que exigía un concurso público”.
Las primeras averiguaciones de esta funcionaria dieron lugar al encargo de un informe interno sobre anomalías que descubrió “duplicidades, costes anormalmente altos, contratos ficticios, etc.”. Según explica en su denuncia, la asesoría jurídica del Imserso concluyó que era “no ya conveniente, sino imprescindible, la realización de una auditoría de carácter especializado”.
Externalización de facto
En el relato ante la Fiscalía cuenta que toda la informática del Imserso estaba externalizada de facto. La funcionaria detectó un contrato de servicios de oficina técnica adjudicado a MR Informática que consistía en un trabajo “integral de asesoramiento, consultoría y control de la actividad informática del Imserso”, por 240.000 euros. Según afirma, los trabajadores del servicio le reconocieron que esa compañía era, en realidad, la que tomaba las decisiones y fijaba las necesidades. Además de este contrato detectó otros, entre ellos uno de 1,2 millones de euros, que según su testimonio “acreditan que la misma empresa que determina las necesidades es adjudicataria posteriormente de los procedimientos de contratación”.
Otro detalle subraya la denunciante: el director comercial de MR Informática era un antiguo funcionario del servicio de contratación del Imserso que estaba en excedencia voluntaria desde el año 2012 y que mantenía “un contacto frecuente con empleados del Imserso, especialmente del servicio de contratación”, relata en el escrito a la Fiscalía Anticorrupción.
La anterior directora general del Imserso, Carmen Balfagón, encargó en mayo de 2018, un mes antes de que entrara el nuevo Gobierno socialista, una auditoría exhaustiva de todos los expedientes de contratación informática del Imserso. En lugar de licitar un contrato, hizo una encomienda de servicio a Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España (Isdefe), una empresa pública dependiente del Ministerio de Defensa. El encargo, valorado en 149.373 euros, debía prolongarse durante un año, por lo que ese informe aún no habría finalizado.
El encargo se deriva, señala Balfagón en el documento de encomienda de gestión, al que tuvo acceso EL PAÍS, de “la detección de situaciones anómalas en materia de contratación, ejecución, supervisión y en la falta de control de las actividades relacionadas con las TIC cuya gestión y supervisión se han externalizado de manera prácticamente total en el organismo, con el consiguiente riesgo que conlleva”.
El acuerdo obliga a Isdefe a mantener la confidencialidad de lo que encuentre en su auditoría y autoriza a que el personal trabaje en las dependencias del Imserso.
Además de las mencionadas, la Fiscalía ha pedido datos sobre las empresas Accenture, Virtual Desk, la UTE Indra-Altia e Iecisa, del grupo El Corte Inglés. De ellas, solo Indra y El Corte Inglés han respondido a las preguntas de este periódico. La primera señala que desconocía la apertura de esta investigación en Anticorrupción. Por su parte, la filial de El Corte Inglés señala que nadie les ha requerido nada, que en sus contratos “no hay ningún tipo de irregularidad” y que, “en todo caso, se colaborará con la Justicia”.
