Unidos Podemos ha anunciado este jueves ante el Pleno del Congreso que llevará a la Fiscalía el dictamen de la comisión que ha investigado en la Cámara Baja la crisis financiera, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorros por si pudiera haber responsabilidades penales de los supervisores en su actuación frente a las entidades. El dictamen ha sido aprobado por todas las fuerzas, excepto Ciudadanos. Unidos Podemos dijo que se iba a abstener, pero al final cambió su voto y lo apoyó. Casi todos los portavoces alabaron el papel de búsqueda de consensos de la presidenta de la comisión, la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas.
Durante la presentación de los votos particulares, Alberto Garzón, coordinador federal de Izquierda Unida y portavoz en esta comisión, ha asegurado que su grupo "hará todas las gestiones necesarias" para que el dictamen llegue ante el Ministerio Fiscal y que así "vean lo que sea oportuno para esclarecer responsabilidades".
Garzón ha defendido la necesidad de llevar ante la Justicia este dictamen, elaborado a partir de las intervenciones manifestadas por comparecientes y las conclusiones y recetas propuestas por los grupos, con el fin de esclarecer si "hay delitos que deban investigarse". Ha afirmado que gran parte del texto del dictamen "es la redacción elaborada por nuestro grupo y creemos que debe ir a la Fiscalía para que determine si hay indicios de delito, y por lo tanto consecuencias penales, en lo que reflejan los trabajos de la comisión".
"Mirar para otro lado"
Unidos Podemos ha seguido el aviso que dieron los propios letrados de la comisión del Congreso. En un reciente escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, advierten de que existen dos graves acusaciones en el informe de la comisión parlamentaria que ha analizado la crisis financiera. Una señala al Banco de España por la “grave irregularidad” de permitir que Bankia no aflorara sus pérdidas antes de salir a Bolsa. La otra acusa al supervisor y a la CNMV de “mirar a otro lado” cuando se vendieron preferentes, “incumpliendo la protección al consumidor”. Según los letrados, la comisión no puede realizar las denuncias en estos términos y pide cambiar el texto.
Uno de los dos textos con graves acusaciones dice así textualmente, a propuesta de Ciudadanos, en el folio 187: “El Banco de España incurrió en una grave irregularidad de consecuencias nefastas al permitir a Caja Madrid, Bancaja y otras cinco cajas en el llamado SIP [la agrupación de cajas] contabilizar de forma singular el deterioro existente al cierre de 2010, de 7.619 millones, contra reservas en lugar de ir a la cuenta de resultados”. Tras el informe de los letrados, algunos grupos pidieron a Ciudadanos que modificara la redacción, pero se negó. El PSOE trató de buscar un consenso con otra redacción suavizada, en la que quitaba las frases más duras, pero no lo logró. Su primera versión ha quedado recogido en el texto oficial aprobado por el Congreso.
La segunda afirmación polémica, a propuesta del PNV, figura en la página 196 y versa sobre las preferentes. “Los bancos y cajas, ahogados por la crisis financiera, encontraron en la emisión de este tipo de productos, una forma de financiación eficaz que les permitía sanear sus balances negativos, sin tener en cuenta los intereses de sus clientes, incumpliendo la normativa de protección al consumidor. Y todo ello bajo la tolerancia de los reguladores, Banco de España y CNMV, que miraron hacia otro lado”.
Idoia Sagastizabal, portavoz del PNV en la comisión, dijo en el pleno que le hubiera gustado modificar el texto para evitar los problemas detectados por los letrados. Sin embargo, lamentó que la negativa de Ciudadanos a retocar el informe haya impedido esta nueva redacción. Las críticas a Ciudadanos, y sobre todo a su portavoz, Antonio Roldán, fueron casi unánimes por votar en contra "después de casi no haber acudido a la comisión", según Miguel Ángel Paniagua, portavoz del PP.
No obstante, cabe recordar que la Audiencia Nacional no ha imputado al Banco de España ni a la CNMV en el caso Bankia, que analiza el posible fraude a los inversores por falseamiento en las cuentas bancarias.
"Los ciudadanos, los principales perdedores"
El dictamen ha sido aprobado por el Pleno en los mismos términos en los que salió de la comisión, ya que ninguno de los votos particulares presentados por PP, PSOE, Unidos Podemos, Cs, ERC y PNV han conseguido suficiente respaldo.
En el discurso de la presidenta de la comisión, Ana Oramas, recordó que se celebraron cuarenta y ocho sesiones con una duración de más de 214 horas y comparecieron 81 expertos y personas de la más diversa condición. Afirmó que "debe quedar claro que los ciudadanos han sido, sin ningún género de dudas, los principales perdedores, pero qué decir del prestigio de instituciones centenarias – como el Banco de España- o más recientes, como la CNMV". "Es evidente que ni reguladores ni supervisores estuvieron a la altura del reto que afrontaban. Aunque una mejor normativa hubiera evitado bastantes problemas, ni siquiera se llegaron a utilizar adecuadamente", apuntó.
Tampoco olvidó "la profunda crisis de la reputación del sistema financiero español y de todas y cada una de sus entidades, las que existían al principio de la crisis y las que han terminado sobreviviendo al desastre. Y, también parece oportuno decirlo ahora, el poder judicial reaccionó tarde, demasiado tarde, ante la cruel aplicación de unos mecanismos jurídicos desprovistos de la más mínima consideración hacia las víctimas de la crisis", en relación con los desahucios.
Como medidas, la comisión pide "la urgente creación de un mecanismo de supervisión macroprudencial, imprescindible para advertir y avizorar las crisis antes de que sus efectos sean irremediables", así como "la inexcusable articulación de una institución que permita proteger con la máxima eficacia a todos los usuarios del sistema financiero en todos sus ámbitos" y, por último, "reforzar la independencia de reguladores y supervisores evitando toda tentación y posibilidad de proceder a su captura".
A los bancos Oramas les recordó "la incomparable erosión de su reputación, unánimemente aceptada por todos ellos, que debe alejarles de la voluntad de maximizar implacablemente los resultados sobre cualquier otra perspectiva, incluida la del sufrimiento de personas y colectivos por encima de niveles difícilmente soportables".
Ante el Pleno del Congreso afirmó que en la comisión se ha constatado "el insoportable nivel de sufrimiento que esta crisis ha supuesto para millones de españoles que han visto como su trabajo desaparecía, su salud empeoraba, su vivienda les era retirada, debían abandonar involuntariamente sus pueblos o ciudades, en definitiva, ellos eran los auténticos perdedores de la crisis". Y recordó a los diputados que los vientos del populismo se nutren de esta crisis de la que "todos hemos salido más pobres, económica o moralmente".
