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El único que ha vulnerado derechos en Cataluña es el Gobierno secesionista 
Los doce líderes independentistas acusados por la celebración del referendum ilegal y la declaración unilateral de independencia de Cataluña.
El secesionismo catalán acaba de apuntarse un pequeño tanto en sus esfuerzos de internacionalización con la carta de 41 senadores franceses que denuncia la represión contra sus dirigentes y pide la intervención de Francia y de la Unión Europea para que se establezcan vías de diálogo y se encuentren soluciones políticas al conflicto. La rápida reacción del Gobierno francés, de su Ministerio de Exteriores y de la mayoría de los partidos a los que pertenecen los senadores abajofirmantes reafirmándose en su reconocimiento de la democracia española y de sus instituciones compensa los efectos del manifiesto, pero no permite olvidar las deficiencias de la diplomacia española a la hora de responder a la campaña secesionista ante las opiniones públicas internacionales.
A pesar de la inexplicable inacción exterior durante los seis años de conflicto (exceptuando los últimos meses), o de las reacciones incontroladas y desmesuradas de algunos diplomáticos —fruto evidente de la pasividad política del expresidente Rajoy—, España ha contado con el apoyo de los Gobiernos de todo el mundo, especialmente en el rechazo a cualquier tipo de reconocimiento de las acciones y declaraciones ilegales independentistas. En cambio, el secesionismo ha conseguido éxitos sustanciales en los medios de comunicación y en las opiniones públicas, especialmente sensibles cuando los responsables del procés se sientan en el banquillo de los acusados.
La carta de los senadores es la prueba más palpable de los avances secesionistas en la batalla internacional de la información. En su escrito demuestran que han comprado enteros los argumentos más discutibles o directamente falaces del secesionismo. Nadie ha sido encarcelado o forzado al exilio, como aseguran los senadores, por la expresión de sus opiniones en el ejercicio de su mandato democrático. Los actuales gobernantes catalanes, que comparten el ideario entero de quienes se hallan sentados ante el tribunal, siguen expresando las mismas opiniones y cuentan además para hacerlo con un fuerte aparato de medios de comunicación públicos, una Administración y un importante presupuesto, pero a diferencia de ellos no han cometido por el momento acciones presumiblemente delictivas, como desobediencias, malversación de fondos públicos o actos de sedición o rebelión.
Los senadores debieran saber, y si no lo saben es porque nadie se lo ha explicado, que las únicas libertades y derechos fundamentales vulnerados lo han sido por parte de un Gobierno secesionista y de su mayoría parlamentaria, al aprobar unas leyes de desconexión que suspendían la Constitución y dejaban desprotegidos a los ciudadanos, sin posibilidad de recurso ni de tutela jurídica ante la acción de unos poderes públicos que se situaron por encima de cualquier legalidad, catalana, española e internacional.
El alcance de la carta de los senadores es muy limitado, pero su significado no debiera inducir a engaño. La Constitución española y sus instituciones merecen una mejor defensa ante la opinión pública internacional. No como en el pasado.
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