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Los correos de los directivos muestran la estrategia de las empresas sancionadas con 118 millones por la CNMC 
Un tren pasa por el viaducto del Candi a la altura de Montblanc. Josep Lluis Sellart
Es verano de 2015 y Adif ha sacado a concurso el mantenimiento de los túneles Ourense-Santiago. Es una extensión de un contrato previo. Dos empresas, Indra y Alstom, se coordinan para llevarse la licitación, según cree la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que las ha sancionado a ambas y a otras 13 por repartirse el mercado de las obras ferroviarias. Un directivo de Indra escribe un correo electrónico a otro de Alstom el 28 de julio: “Tenemos que determinar el precio a poner”. Y lo hacen, a juzgar por un segundo email, este interno entre dos trabajadores de Alstom, que relata cómo va a funcionar el amaño: Indra hará una oferta que rebaja en 50 euros el presupuesto base, pero será Alstom la adjudicataria, porque su proposición económica será un poco más barata, 100 euros menos.
Las comunicaciones que voluntariamente entregó Alstom a la CNMC y los correos electrónicos que se encontraron en los registros del resto de empresas han permitido descubrir las distintas estrategias de los cárteles. A una la llamaban “el ranking”. Las empresas hacían un sorteo con el que fijaban un orden de adjudicación. Este acuerdo se usó en el cártel que durante 14 años se repartió los contratos para la electrificación del tren convencional. El primer sorteo se hizo en 2002 y fue revisándose en reuniones informales —llamadas “mesas”, se celebraban en las oficinas de las empresas— que se prolongaron hasta 2016. Para cerrar otros acuerdos, como los de la electrificación de la alta velocidad, se reunían en un hotel de la Castellana, en Madrid.
Alguno de estos acuerdos aparece firmado al pie por los directivos presentes en la reunión, como si se tratara de un contrato más. Estaba todo previsto, incluso la forma de compensar a las empresas que no fueran adjudicatarias de los contratos porque según el ranking no les tocara: se aseguraba un porcentaje del 6% sobre la cifra de contratación a repartir a partes iguales. De ello queda constancia en una anotación manuscrita encontrada en la inspección de Electrén. También lo confirma un correo de un directivo a otro: “Y si mal no recuerdo el pacto fue de facturar el 6% del total entre los que no fuimos adjudicatarios”.
La CNMC considera probado que las empresas formaban parte de “un plan orquestado” y que actuaron con “cautela” para no ser descubiertas. En el caso del cártel de los sistemas de electrificación del tren convencional, hay un correo en el que una empresa recrimina a otra que hable de acuerdos secretos a través del correo electrónico: “Perdona, he cometido un error, efectivamente NO debería haber ido en la red...”
El control de estos acuerdos era exhaustivo, hasta el punto de que las empresas se intercambiaban tablas de Excel que resumían el estado de las licitaciones, con qué baja iba la oferta de la empresa que tenía que ganar, si había alguna empresa no invitada y corría el turno a la siguiente... Incluso con el total de los importes adjudicados acumulado desde 2002 para que vieran que a todas les iba tocando más o menos lo mismo. También existía la figura del coordinador, que se encargaba de enviar el cuadrante actualizado al resto, según muestran varios correos que los investigadores recuperaron en la inspección de Elecnor. En otra, la de Electrén (grupo ACS), apareció otro documento revelador: “Para el caso de presentación de ofertas en UTE de tres empresas se presentarán dos empresas y la tercera irá oculta”.
Entre las estrategias de reparto destaca también una que las empresas llamaban “acuerdos micro-macro”: si por ejemplo tenían que participar cuatro de ellas, se creaba una UTE (unión temporal de empresas) para repartirse dos de ellas a partes iguales el 50% del precio del contrato. Las otras dos presentaban ofertas para simular que había concurrencia y participaban después a través de la subcontratación. Es el caso, según recoge el expediente de la CNMC, de Cobra, Elecnor, Semi y Electrén, que se repartieron así cinco licitaciones en 2008 de trabajos de electrificación en varias líneas de alta velocidad. Lo pusieron por escrito en un documento: Electrén y Elecnor se llevarían el contrato y subcontratarían a las otras dos. Al final todas recibían el mismo dinero, con precisión de céntimo. Siemens llegó a reconocer que su presencia en una de las UTE no era imprescindible, “en la medida en que solo podía ofrecer a la UTE dos máquinas, y una no cumplía con todos los requisitos del pliego”, asegura la resolución de la CNMC.
Para conseguir las licitaciones, las empresas acordaban el precio con el que iban a presentarse. Por ejemplo: una hacía la baja ganadora, del 5%, y las otras presentaban “ofertas de cobertura” del 1%. En otro casi, si eran tres, dos presentaban bajas temerarias no justificadas para asegurarse que quedaban excluidas, ganaba la tercera y se repartían la adjudicación al 33,33%.
