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Los debates son necesarios para que los electores acudan informados a votar 
Preparativos en el estudio de TVE donde se celebrará el debate del lunes. Samuel sánchez
El debate electoral entre los cuatro principales aspirantes a la presidencia del Gobierno que se celebrará esta noche en RTVE consolida un uso democrático vigente desde 1993, que ha de respetarse en el futuro. El fracasado intento del candidato socialista de limitar su participación a una única cita en un medio privado, y de forzar a la corporación pública para que favoreciese sus intereses tras la intervención de la Junta Electoral Central, debería servir para asentar de una vez por todas la obligación política de que los partidos contrasten en la radiotelevisión del Estado sus programas electorales. Convertir esta obligación en jurídica, incluyéndola en la ley electoral a través de una reforma, no es una necesidad imperiosa sino una excusa reiterada elección tras elección. La prueba reside en que los dos debates son resultado de las disposiciones de la ley, no de sus insuficiencias, y de que la Junta Electoral las ha hecho aplicar.
A juzgar por la manera en la que el PP y Ciudadanos han abordado la campaña, existe el riesgo de que tanto hoy como mañana sus líderes devalúen la obligación política de debatir hasta convertirla en un espectáculo impropio. Ni uno ni otro parecen prestar atención a las reiteradas señales de que la radicalización política y la agresividad retórica a las que vienen recurriendo no incrementan su capital electoral, sino que van a engrosar el de una fuerza de ultraderecha cuyo compromiso con los principios constitucionales es condicionado e instrumental. Por otra parte, tampoco parecen haber tomado conciencia (algo que sí ha advertido en esta ocasión el líder de Podemos, Pablo Iglesias) del grave perjuicio que están infligiendo a la totalidad del sistema judicial español, cuya última instancia es Estrasburgo, al concentrar la discusión territorial en la hipotética concesión de un indulto a los dirigentes independentistas que están procesados.
Al exigir del candidato socialista garantías de que no concederá el indulto en caso de llegar al Gobierno, Casado y Rivera pretenden obtener una evidencia palmaria de su connivencia con el secesionismo; en realidad, están perpetrando un inaceptable ataque a la independencia del Poder Judicial, de quien piden, como aspirantes a presidir el Ejecutivo, que un proceso penal en curso acabe inexorablemente en condena. Con el agravante de que el mensaje político con el que intentan convencer a sus propios electores, así como intimidar a los del resto de los partidos incluidos los independentistas, es que es legítimo confundir una sentencia con un trofeo y la justicia con la venganza. No se trata solo de que en democracia esa confusión sea imposible, sino de que, además, descalifica a cualquier dirigente político dispuesto a sacrificar por ansia de poder y oportunismo electoralista la elemental distinción entre el delito y el delincuente.
Los cuatro bloques que abordará el debate de esta noche —economía, política social, cuestión territorial y pactos poselectorales— no pueden ser una coartada para que la campaña continúe por los mismos derroteros crispados e irrelevantes que hasta ahora, sino el penúltimo acto para que los electores acudan informados a votar. El último tendrá lugar mañana, y es de esperar que, a tenor de lo que suceda en unas horas, suscite más el interés ciudadano que el bochorno y el desaliento. El resultado de ambos debates determinará en buena parte el resultado del domingo.
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