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Sin Presupuestos, el ‘president’ solo puede marcar el camino a las urnas 
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, en el Parlamento de Cataluña. Albert Garcia
El Ejecutivo catalán ha evitado llevar al Parlamento la Ley de Presupuestos de 2019 e intentará seguir gobernando con las cuentas públicas ya no de 2018 —que tampoco pudo aprobar—, sino con las de 2017. Al renunciar a elaborar un proyecto de Presupuestos y a someterlo a consideración de la cámara, el president Quim Torra no solo incumple flagrantemente el deber político de cualquier Gobierno. También vulnera el Estatuto de Autonomía (artículo 212: “Corresponde al Govern elaborar y ejecutar el presupuesto”) y la Ley de Finanzas Públicas de Cataluña, que fija el 10 de octubre de cada año como fecha tope para llevar al Parlamento las cuentas del año siguiente.
Torra pretende esconder que quede patente tanto su fracaso en la gestión del Govern como que el independentismo no tiene mayoría en la calle y tampoco en la cámara autonómica a la hora de llevar a cabo las normas más elementales de su función. Además, los independentistas han sido incapaces de forjar alianzas con la oposición, ni siquiera con los Comunes, con quienes, al menos sobre el papel, comparten la petición de un referéndum de autodeterminación.
El Gobierno de Torra y el independentismo en general no terminan de aceptar que no tienen el apoyo mínimo necesario para seguir al frente de la principal institución catalana, la Generalitat. Es verdad que tampoco la oposición es capaz de articular una mayoría alternativa, porque el primer partido de esa comunidad, Ciudadanos, sigue anclado en una estrategia parlamentaria sin fondo político y se resiste a intentar siquiera una moción de censura. La cuestión es que Cataluña necesita con urgencia un Gobierno efectivo a todos los efectos. Más allá de la falta de Presupuestos, la inacción gubernamental y la falta de cintura política de sus partidos han condenado a la Generalitat al caos, con decenas de cargos institucionales pendientes de renovar, un presidente ausente y un Ejecutivo más pendiente de las órdenes que le llegan desde Waterloo, o desde las prisiones, que del día a día de sus ciudadanos.
Urge que los ciudadanos vuelvan a tomar la palabra en Cataluña, como lo hará el conjunto de los españoles el próximo 28 de abril en unas elecciones generales que el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, convocó, precisamente, cuando no encontró los apoyos suficientes para aprobar su propio proyecto de Presupuestos. Los independentistas, que contribuyeron decisivamente a la disolución anticipada de las Cortes, pretenden ahora aplicarse otra vara de medir en Cataluña.
No es de recibo sostener, como da por hecho el independentismo, que no se pueden convocar elecciones antes de la sentencia del juicio del procés, para la que no hay fecha prevista. El propio presidente Torra admitió en una entrevista el pasado 3 de agosto: “Los Gobiernos acostumbran a dimitir si sus Presupuestos no son aprobados y me parece que esto es un mandato democrático de autoexigencia”. Si no es capaz de articular una mayoría parlamentaria ni de garantizar una acción de gobierno normal, ha llegado el momento de que Torra se aplique su propia máxima y ponga las urnas para unas elecciones catalanas.
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