La OCDE, el organismo que aglutina a los países avanzados, alaba el crecimiento de la economía española. Sin embargo, en su informe anual publicado este jueves recuerda que todavía queda mucho para superar la crisis: la deuda pública y externa, la necesidad de reforzar la solvencia de la banca, unas grandes diferencias económicas entre regiones y, sobre todo, una excesiva temporalidad, alta pobreza infantil, problemas acuciantes en el sistema educativo, una elevada desigualdad por ingresos y un sistema de pensiones que en el futuro pondrá mucha presión sobre el gasto público. Ante la dimensión de estos retos, destaca como una de sus principales recomendaciones la necesidad de que España diseñe mejor su gasto social y lo concentre en las rentas bajas.
La institución con sede en París resalta que el crecimiento de la economía española tiene unas bases sólidas. Por ejemplo, el empleo crece de forma continuada y la mejora de las exportaciones se achaca a un aumento de las empresas volcadas con el exterior y a una mayor diversificación geográfica. Hasta ahí llega lo bueno. El trabajo de estos organismos consiste en apuntar los problemas. Y en un contexto en el que el crecimiento económico va a moderarse, la OCDE subraya la necesidad de afianzar las finanzas públicas, máxime cuando las pensiones acabarán subiendo el gasto público en los próximos años. Solo que esto tiene que conjugarse con la herencia recibida de una dura crisis a la que hay que dar respuesta.
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Consciente de ello, el organismo que preside Ángel Gurría da la razón al Gobierno en que es necesario apuntalar los ingresos públicos. Solo que su recomendación coincide con la del FMI: es mejor hacerlo a través de una subida del IVA reducido y de los impuestos medioambientales. Es más, en su opinión se puede combinar ese programa de alzas fiscales con una rebaja de las cotizaciones exclusivamente dedicada a los salarios bajos.
Y además considera que “el gasto social debería asignarse mejor”. Sobre todo por la elevada pobreza infantil, motivada en parte por la falta de ayudas a familias monoparentales. Y porque España tiene un considerable problema de desigualdad por ingresos: el 20% de la población más rica ganó en 2015 seis veces más que el 20% más pobre. En la desigualdad de patrimonio, los españoles no figuran mal en los rankings internacionales gracias a la elevada propiedad de vivienda. No obstante, “dado que la acumulación de riqueza requiere tiempo, el reciente repunte de la desigualdad de ingresos, junto con las tendencias del mercado de trabajo, pueden propiciar, con el tiempo, una concentración aún mayor de la riqueza”. Es decir, la desigualdad de ingresos podría perpetuarse en la desigualdad de riqueza, como ya se ha observado con datos entre 2011 y 2014.
Para colmo, existe mucha desigualdad por regiones, desde el punto de vista de los ingresos, empleo, pobreza, formación y productividad. Por ejemplo, la tasa de abandono escolar o la tasa de repetición de curso presenta una gran dispersión regional. Y esas diferencias por comunidades agravan bastante el problema.
Enfrentados con estas cifras, es imperativo “utilizar el sistema fiscal y de transferencias de manera más eficiente y progresiva”, dice el informe. Y añade: “En España las transferencias tienen una orientación relativamente ineficiente. En efecto, los hogares con bajos ingresos reciben menos transferencias en efectivo que los hogares con ingresos más elevados; así los hogares que conforman el 20% inferior de la distribución de ingresos únicamente reciben en torno al 55% del pago medio correspondiente a todas las familias, mientras que los que se sitúan en el 20% superior perciben aproximadamente un 60% más que la familia media”.
De los 34 países que analiza el organismo, solo Portugal, Italia y Grecia lo hacen peor que España en este sentido. La OCDE destaca además que algunas exenciones fiscales en España tienden a beneficiar a los que más tienen. También hace falta gastar más en formar y recolocar a los parados de larga duración y los menos formados, señala documento.
