Las Administraciones destinan unos 6.500 millones al año a políticas activas de empleo. La Intervención o el Tribunal de Cuentas ejercen de auditores y certifican que se cumpla con todos los requisitos legales al desembolsarlos. Sin embargo, no existe un análisis detallado de sus costes y beneficios, de hasta qué punto esos recursos se gastan de forma eficaz. Los expertos siempre han denunciado este hecho, que lleva a elaborar los presupuestos por pura inercia, sin que se reorienten los fondos hacia aquellas prácticas que mejores resultados brinden. Según el INE, ahora mismo solo un 2,1% de los asalariados dice haber encontrado su trabajo gracias a una oficina pública de empleo.
Con el objetivo de cambiarlo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ultima su informe sobre políticas de empleo, conocido en la jerga como spending review. Aunque el organismo ha rehusado hacer comentarios, ya ha adelantado a las Administraciones afectadas sus conclusiones, a las que ha tenido acceso EL PAÍS. Entre ellas, destaca el problema que han tenido en la Airef para poder evaluar de verdad lo que hacen las autonomías.
ASALARIADOS SEGÚN EL PROMOTOR DE SU EMPLEO
Fuente: INE. EL PAÍS
En este ejercicio, la Autoridad Fiscal podía cruzar los datos con el historial de los trabajadores en la Seguridad Social, de forma que se pudiese comprobar cómo había mejorado su empleabilidad tras el paso por los servicios públicos de empleo. Sin embargo, a pesar de la colaboración de las comunidades, faltaban datos homogéneos y comparables. No había trazabilidad de los gastos y en muchas ocasiones se desconocía en qué se habían empleado exactamente. Al estar dividido entre 17 autonomías, con unos sistemas informáticos muy distintos, la información sobre los cursos o los itinerarios es parcial y de una calidad que varía mucho, señala el documento de presentación de la Airef. Y se complica todavía más cuando entran en juego lo que hacen las entidades locales o las entregas de fondos europeos. Todo ello ha impedido elaborar lo que en verdad se pretendía: una evaluación exhaustiva de lo que funcionaba y de lo que no.
“No es posible tener identificado todo el dinero que se destina a políticas activas de empleo en nuestro país”, dice el organismo que preside José Luis Escrivá. Por eso, ante todo, la Autoridad Fiscal subraya en sus conclusiones la necesidad de homogeneizar las bases de datos, avanzar en la digitalización e, incluso, marca una guía de cómo se debería hacer. En definitiva, reclama crear una arquitectura común que permita saber qué se hace y cuánto cuesta. Al poder comparar entre las prácticas de distintas regiones y localidades, se puede ver qué iniciativas resultan más eficaces.
En esta línea, también pide que un mismo desempleado pueda ser atendido en varios sitios distintos de manera coordinada, gracias a la existencia de un expediente único por demandante.
Pese a no poder llegar hasta donde quería, la Airef sí que esboza varias recomendaciones que implican cambios de calado en la manera en que trabajan las oficinas de empleo. Sobre todo al cotejarlas con los países que tienen un historial de mejores prácticas y que, siendo comparables, han conseguido mejorar mucho sus servicios de recolocación. Si bien estos países dedican más recursos por parado que España, apunta la Airef.
Una de las principales recomendaciones va en la misma línea que han instado organismos como el FMI. El Fondo habla de alinear los incentivos de las comunidades y la Administración central. Es decir, las autonomías son las encargadas de controlar a los parados, pero no tienen ningún interés en vigilarlos porque no se gasta su dinero. En cambio, la Administración central pone los fondos, pero no puede supervisar a los parados. Y esa separación lastra el correcto funcionamiento del sistema. La Airef va un paso más allá y defiende que todo ello se fusione en una misma ventanilla, en la que se gestione la prestación social, las políticas para reactivar al parado y, además, como una novedad, incluye las políticas sociales. De manera que en un solo punto se dilucide qué hacer con una persona desocupada: si en realidad lo que precisa es una ayuda social y no la recolocación. En la actualidad, solo unas pocas comunidades integran las políticas sociales con las de empleo.
Según los hallazgos de la Autoridad Fiscal, semejante articulación debe reforzarse con un sistema común que clasifique rápida y automáticamente a los parados en función de su empleabilidad, el llamado perfilado. Y a partir de ahí que los orientadores traten con ellos y que se establezcan itinerarios de formación. Debe haber un diagnóstico, un registro de las acciones que se toman, una tutoría continua y una comprobación de lo que al final ha pasado con el desempleado.
Más efectivos y autonomía local
Para ello, la Airef observa que hace falta más plantilla y con una mayor estabilidad. Debido a la elevada tasa de paro, hay menos funcionarios por desocupado, lo que congestiona el servicio e impide la atención óptima. Sobre todo pide que se empleen más orientadores y menos administrativos.
También anima a que los orientadores visiten más las empresas de la zona con el fin de ver cuáles son sus necesidades de mano de obra y el perfil que requieren. Una práctica que ahora se hace pero no lo suficiente. En muchas ocasiones, existe por ejemplo la demanda de un curso de formación, pero este no se recoge en un catálogo o cuesta convalidarlo.
La Airef considera necesario que las empresas obligatoriamente comuniquen a las oficinas públicas las vacantes que tengan, una exigencia que existe en otros países como Alemania y que en España se daba hace años.
El estudio avala la distribución de los fondos entre comunidades por objetivos. Sin embargo, recalca que se deberían definir mejor. El reparto, concluye, no se encuentra bastante ligado a las tasas de reinserción, al gasto ejecutado o a la participación de mujeres. El propio ciclo presupuestario hace que los recursos tarden en llegar. Y critica que se gaste una proporción elevada en bonificaciones a la contratación.
Una idea revolucionaria que lanza la Airef es que se dote de autonomía a las oficinas de empleo. Que estas puedan gestionar su presupuesto, y diseñar y agilizar sus propias estrategias e itinerarios. Incluso, recomienda que puedan innovar. Es más, aboga por que los funcionarios puedan hasta cobrar incentivos por resultados, un modelo implantado en otros países. Por último, sugiere que se aproveche la colaboración público-privada para reforzar la operativa de las oficinas locales formando y recolocando parados.
