La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), el organismo público encargado de vigilar las cuentas públicas, considera que el déficit de las Administraciones bajará en 2019 al 2,1% del PIB desde el 2,6% alcanzado al cierre de 2018. Y ello ocurrirá a pesar de los llamados viernes sociales, cuyo coste alcanzará los 920 millones de euros según los cálculos estimados por la Airef. Las cuotas de Seguridad Social pagadas a los cuidadores (315 millones), recuperar el subsidio para mayores de 52 años (242 millones), ampliar el permiso de paternidad de cinco a ocho semanas (225 millones), y el ingreso mínimo vital para familias con hijos a cargo (138 millones) solo empeorarán el desfase presupuestario en apenas una décima de PIB. De modo que, sin ellas, el déficit público se quedaría este año en el 2% en lugar del 2,1% previsto por la Autoridad Fiscal. La meta marcada por Bruselas para 2019 es del 1,3%.
Al margen de la mejora de los ingresos procedentes del ciclo económico, la Autoridad Fiscal esgrime dos motivos por los que el agujero se rebajará más de lo que esperan órganos como el Banco de España: por una parte, la prórroga presupuestaria impedirá que se desembolsen muchos otros gastos que tenía previstos el Gobierno de Sánchez en sus presupuestos rechazados, sobre todo inversiones en ferrocarriles. Y dos, la recaudación por cotizaciones va un poco mejor de lo esperado.
De todas formas, la Autoridad Fiscal, impuesta en un principio por Europa para tutelar la marcha de las cuentas, recuerda que el objetivo de déficit comprometido con Bruselas se incumplirá este año en unos 10.000 millones de euros. De acabar el ejercicio en el 2,1% del PIB, se encontraría muy lejos del 1,3% que fijaron las autoridades europeas.
Cuando entró Pedro Sánchez en La Moncloa, la Autoridad Fiscal elaboró un informe en el que concluyó que la senda de corrección del agujero presupuestario era demasiado ambiciosa y, por lo tanto, entrañaba un esfuerzo poco realista. De manera que el Ejecutivo intentó cambiarla para dejarla en el 2,7% del PIB en 2018 y el 1,8% en 2019, unas metas más asequibles y que se podían conseguir prácticamente solo con la mejora de ingresos que trae la recuperación económica. Y ese cálculo ya tenía en cuenta la mejora de las pensiones y las subidas de sueldos de los funcionarios que aprobó el Gobierno de Rajoy. Sin embargo, la senda no se ha podido modificar. Sigue igual en el 1,3% del PIB porque en el Senado PP y Ciudadanos votaron en contra. Y, en cualquier caso, Bruselas no ha cambiado ese objetivo. Tiene que modificarse en un consejo de líderes europeos y ni siquiera se ha abordado.
De todas formas, la Comisión Europea se contentaba en 2018 con que España bajase del 3% de déficit, la cifra por debajo de la cual se salía por fin del Procedimiento de Déficit Excesivo, el sistema de tutela para los países con severas dificultades presupuestarias y en el que ya solo quedaba España. Y una vez fuera, a partir de este mismo año, lo que Bruselas pide es un esfuerzo estructural de ajuste del 0,65% del PIB al año, pudiendo incumplir hasta 0,5% a repartir en dos años. O lo que es lo mismo, ocho décimas de PIB de ajuste en dos años: unos 10.000 millones.
Los Presupuestos de 2019 que el Gobierno de Sánchez presentó y no pudo aprobar incumplían estos esfuerzos. De acuerdo con los propios números publicados este viernes por la Autoridad Fiscal, las medidas proyectadas suponían unos 5.228 millones en ingresos y unos 5.250 millones en gastos. Es decir, no había nada de ajuste estructural como exige Bruselas. Sin embargo, en opinión de la Airef, la prórroga de los presupuestos anteriores puede ser ligeramente beneficiosa a la hora de disminuir el déficit público. Es verdad que las medidas de ingresos como el impuesto digital o el tributo sobre las compras de acciones han decaído y no reportarán nuevos ingresos. Solo se han aprobado las subidas de cotizaciones como el incremento de bases máximas o el alza del salario mínimo, que en su conjunto brindarán una recaudación añadida por valor de 2.320 millones, según las estimaciones de la Airef.
Al mismo tiempo, muchos de los gastos previstos en esos presupuestos no entrarán en vigor. Sobre todo unos 2.400 millones que estaban recogidas en las inversiones, fundamentalmente en ferrocarriles. Sí que se han aprobado unos 1.500 millones de gastos entre subidas de pensiones y reales decretos, los conocidos como viernes sociales. Lo cual significa que el gasto incurrido será menor de lo que se apuntaba en los presupuestos y, en consecuencia, la prórroga presupuestaria ayudará algo a corregir el desfase. Básicamente se gastarán unos 1.500 millones más y se ingresarán unos 2.300 millones más. Un ajuste de menos de una décima del PIB. Dicho ajuste combinado con la mejor marcha de las cotizaciones y de los fondos europeos recibidos ha contribuido a que la Airef mejore en una décima su previsión anterior de déficit y que esta se quede ahora en el 2,1% del PIB para 2019.
Este año la Autoridad Fiscal ve complicado que se pueda abordar un ajuste con los procesos electorales en marcha. Y va a ser difícil que en la segunda mitad de 2019 el nuevo Ejecutivo pueda tomar medidas que tengan un impacto tan rápido. Por estos motivos, el organismo que preside Jose Luis Escrivá sí que pide, al menos, que el Gobierno que salga de las elecciones dibuje una estrategia a medio plazo de reducción del déficit y la deuda a medio plazo.
En 2018, el Estado tuvo que hacer frente a 5.940 millones de euros en gastos extraordinarios y que no volverán a repetirse. Entre ellos, 2.357 millones por las autopistas de peajes quebradas y algunas inversiones; 1.073 millones en créditos fiscales que le reclamaron las empresas; 1.788 millones en pagos a bancos para compensarles por las pérdidas de las entidades rescatadas que compraron durante la crisis; 702 millones por una sentencia que obligaba a Hacienda a devolver dinero a Telefónica del impuesto de sociedades, o 622 millones por la devolución del IRPF de la baja de maternidad. De no haberse producido, el déficit en 2018 se habría situado en el 2,1% del PIB, incluso por debajo del objetivo del 2,2% que había impuesto Bruselas. En todo caso, el año pasado la Comisión solo iba a pedir que se bajase del 3% para que España saliese por fin de la tutela europea por el déficit. La pregunta que se hacen algunos expertos es si el Gobierno ha concentrado una parte de estos gastos en 2018, de forma que así pueda contar con más margen en este ejercicio. Y un ejemplo claro es la devolución del impuesto a Telefónica.
