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La defensa del expresidente del Barça, juzgado por el supuesto blanqueo de 20 millones de euros, había solicitado la medida al tribunal 
El expresidente del Fútbol Club Barcelona Sandro Rosell en su declaración en la Audiencia Nacional este martes. EFE (Fernando Villar)
El tribunal que juzga al expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell ha decidido este miércoles la puesta en libertad sin fianza de este y su socio, Joan Besolí, después de que ambos hubieran declarado el día anterior en la vista que se celebra contra ellos y otras cuatro personas en la Audiencia Nacional por el supuesto blanqueo de cerca de 20 millones de euros. Los magistrados han decidido su excarcelación tras tener en cuenta que ambos llevan en prisión preventiva desde su detención en mayo de 2017 y que, por tanto, han pasado encarcelados de manera provisional más de 21 meses y están a punto de cumplir el máximo legal de dos años.
No obstante, para ambos el tribunal fija medidas cautelares, como asistir a todas las sesiones del juicio, retirada de pasaporte, fijar un domicilio en España y comparecencias ante el juzgado o la comisaría más cercana a su residencia los primeros y terceros lunes de cada mes. La medida se hará efectiva una vez que, terminada la sesión de este miércoles, ambos sean llevados al Centro Penitenciario de Madrid V, en Soto del Real, donde fueron trasladados desde la cárcel barcelonesa de Brians II poco antes del inicio del juicio. La Fiscalía, que pide 11 años de cárcel para Rosell y 10 para su socio, se había opuesto a la excarcelación de ambos.
La decisión del tribunal se produce después de que en la primera jornada del juicio, las defensas de Rosell y Besolí plantearan en las cuestiones previas de la vista la libertad de sus clientes. Los abogados alegaron que su permanencia en prisión afectaba a la presunción de inocencia de ambos y ponía en entredicho la imparcialidad de los magistrados que iban a juzgarlos.El letrado de Rosell llegó a cuestionar que su cliente estuviese entre rejas cuando La Manada, el grupo de sevillanos sentenciados por abusos sexuales en los Sanfermines de 2016, estuviera en la calle.
En el auto por el que se ordena ahora su puesta en libertad provisional, el tribunal rechaza de plano ambos argumentos al considerar que la decisión de mantenerlos en prisión –los otros cuatro procesados que se sientan en el banquillo de los acusados están en libertad- había sido “por simples razones de riesgo de fuga”. El tribunal destaca que se consideraba “imprescindible que comparecieran en el juicio” para que declararan, pero que una vez cubierto ese trámite procesal pueden ser excarcelados.
La juez instructora de la causa, Carmen Lamela, rechazó dejarlos en libertad en más de una decena de ocasiones precisamente por el “riesgo de fuga” al considerar que Rosell tenía conexiones fuera de España que le hubieran permitido la huida. En su declaración del martes, el expresidente de Barça aseguró a preguntas de su abogado que no tiene ningún patrimonio en el extranejro salvo la propiedad al 50% de un apartamento en Andorra. Y destacó que los 1,5 millones de euros que obtuvo de la venta de su participación en una empresa británica lo repatrió a España el pasado septiembre, cuando ya estaba encarcelado.
Junto a Rosell y Besolí, se sientan en el banquillo Marta Pineda, esposa del expresidente del FC Barcelona, además de copropietaria y apoderada de sus empresas; Antonio Ramos, cuñado de Besolí; y José Colomer, amigo de Rosell. El sexto procesado es Shahe Ohannessian, un ciudadano libanés que presuntamente ayudó a simular la venta bajo sospecha de una compañía de Rosell.
Todos ellos están acusados de participar en dos operaciones supuestamente fraudulentas. La primera se produjo el 24 de noviembre de 2006, cuando se firmó un contrato entre la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) y la sociedad International Sports Events (ISE) —dirigida por el billonario saudí Saleh Kamel y domiciliada en las Islas Caimán, paraíso fiscal—. En la víspera, Rosell selló un acuerdo de “intermediación” con ISE, por la que se embolsaría 8,3 millones.
Según los investigadores, ese importe era una comisión ilegal que presuntamente se repartieron el expresidente del Barça y Ricardo Terra Teixeira, presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) desde 1989 a 2012. El martes, Rosell negó cualquier irregularidad en dicha operación y aseguró que su retribución por esta operación fue finalmente de 5,2 millones de euros.
La segunda operación bajo sospecha se corresponde con un contrato de patrocinio de la marca Nike para la selección de fútbol de Brasil firmado en noviembre de 2008. Una empresa brasileña de Rosell (Ailanto) intermedió para la CBF por 26 millones de euros, de los que él presuntamente se embolsó 12 millones, de acuerdo con el escrito de acusación de la fiscalía.
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