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El Gobierno que salga de las elecciones debe proseguir con la política social 
Magdalena Valerio, ministra de Trabajo EFE
La desigualdad se ha convertido en un grave problema para la economía española. Constituye un serio obstáculo para el crecimiento, en tanto que impide desarrollar el potencial del consumo y de la demanda interna y, quizá lo más importante, actúa como un factor de inquietud social, muy evidente por ejemplo en las protestas por desahucios o pobreza energética que preocupan a las Administraciones públicas y a las empresas. Por desgracia, España corre el riesgo además de que la desigualdad y la precariedad laboral se conviertan en una de sus señas de identidad. Un informe de la Comisión Europea acaba de reprochar con cierta acritud la desigualdad de ingresos en España, el uso generalizado de los contratos temporales, el riesgo de pobreza infantil derivado de esa desigualdad y la raquítica tasa de gasto social para ayudar a las familias, que en España apenas alcanza la mitad de la media del gasto en la UE.
Las estadísticas de paro confirman el daño que causa la precariedad. No solo por el abuso de la contratación temporal, que debería ser corregido con urgencia, sino por la discriminación que resulta para jóvenes y mujeres. Para que conste, la tasa de actividad de las mujeres es 11,4 puntos inferior a la de los hombres; la tasa de ocupación está casi 12 puntos por debajo de la masculina; el 58% del paro registrado afecta a las mujeres, y, para remate, su salario medio llega al 77% del masculino. La precariedad se ceba en el trabajo femenino: casi el 18% de las mujeres tienen salarios inferiores o iguales al salario mínimo; la tasa entre los hombres es del 7,8%.
La desigualdad y la precariedad solo pueden ser corregidas mediante una acción concertada de dos decisiones políticas. La primera es la vía de los cambios legales, tales como los que ha desarrollado este Gobierno con los decretos sobre alquileres, permisos de paternidad o el aprobado ayer que extiende las ayudas al desempleo a los mayores de 52 años. Pero el cambio legislativo no puede quedar ahí; tiene que prolongarse con una corrección inteligente de las leyes laborales aprobadas por el primer Gobierno de Rajoy. Dicho en términos políticos, sería deseable que el próximo Gobierno, sea cual sea, continuara con la modificación de las normas sobre contratación y rentas salariales.
Ninguna acción contra la precariedad y la desigualdad será posible si el Estado carece de recursos para aplicarla con efectividad. Sin dinero, solo quedan las buenas intenciones. De ahí que con carácter previo sea necesaria una estrategia fiscal bien coordinada para aumentar la recaudación, algo que el Gobierno actual no ha conseguido hacer. La coordinación óptima implica poner en marcha una reforma fiscal que afecte a todos los tributos e incluya una reconsideración de las políticas seguidas contra el fraude fiscal.
En todo caso, sería de agradecer que durante la campaña electoral todos expliquen con seriedad su proyecto de política fiscal y que quienes propongan recortes tributarios definan con detalle qué partidas serían suprimidas a causa de la caída de la recaudación y cuál sería la repercusión directa previsible sobre los distintos grupos de ciudadanos.
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