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Hace falta un acuerdo político básico entre los defensores de la Constitución 
Lazo amarillo en la Conselleria de Economía catalana. Albert Garcia EL PAÍS
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha pretendido sortear el requerimiento de la Junta Electoral Central para que se respete la neutralidad de los edificios públicos cambiando unas pancartas por otras. Puesto que el único programa del independentismo consiste en desafiar la legalidad, transformar la épica de la desobediencia en la picaresca de la cartelería no puede ocultar la realidad de su fracaso. Y gestos como el del president Torra solo demuestran que el independentismo carece de la honestidad política para reconocerlo ante sus electores pasados o futuros. El único balance que puede presentar ante estos es que las denominadas leyes de desconexión intentaron sin éxito privar de sus derechos a la mayoría de ciudadanos de Cataluña, que el referéndum organizado a escondidas para los partidarios de la secesión no arrojó ningún mandato democrático, y que la declaración unilateral de independencia no alumbró ninguna república.
Que el independentismo trate de ocultar el hecho incontestable de su fracaso está dentro de una lógica política que busca la legitimación de sus acciones en la propaganda y no en los procedimientos y las mayorías. Pero que los líderes y los partidos que se oponen a la secesión de Cataluña se lo oculten a los suyos solo conduce a inducir un interesado estado de ansiedad civil, que magnifica con fines electoralistas las amenazas cada vez más impotentes del independentismo en la misma proporción en que minusvalora la solidez del sistema constitucional. La insistencia en la idea de que el desafío secesionista seguirá ahí cuando el Tribunal Supremo dicte las sentencias incurre en el mismo error de colocar el acento sobre el extremo equivocado, complementando la ansiedad presente con un injustificado fatalismo a medio plazo. La función del procedimiento judicial que se sigue en el Tribunal Supremo no es resolver el problema de Cataluña sino determinar si existió delito en cómo lo quisieron solventar los dirigentes independentistas.
Si es la solidez del sistema constitucional lo que ha hecho fracasar el intento de imponer la secesión de Cataluña por vías de hecho, es esa solidez la que debería ser reforzada a través del consenso, no menoscabada a través de una competición entre líderes por ver quién se exhibe mostrando más arrojo en la defensa de la unidad de la patria. Lejos de proteger la Constitución frente a un independentismo que desde la ilegalidad ha puesto rumbo al ridículo, lo que hacen es desencadenar la espiral que conduce a rehabilitar la siniestra figura de los salvadores de la patria, justo cuando acaba de irrumpir en el panorama electoral un partido que deja traslucir esa figura en sus acciones y su ideología de ultraderecha. No se necesitan salvadores de la patria sencillamente porque la patria no está en peligro, gracias a que sus instituciones democráticas son sólidas y están funcionando. Lo que se necesita, por el contrario, es que los partidos que defienden la Constitución cierren filas de una vez por todas en torno a un acuerdo político básico, que devuelva la serenidad a la vida pública y frente al que el independentismo no pueda seguir ocultando su fracaso.
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