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El expresidente del banco dice por carta que se aparta mientras concluyen las pesquisas en curso sobre el presunto espionaje que realizó el banco 
Francisco González, durante una presentación de resultados del BBVA. BERNARDO PÉREZ
El expresidente de BBVA Francisco González ha decidido abandonar "temporalmente" los cargos que tiene todavía en la Fundación y en el banco (es presidente de honor en ambos organismos) mientras concluyen las investigaciones en curso sobre el caso Villarejo, por el que se vincula al banco con un supuesto espionaje a empresas, periodistas y políticos en la etapa en la que González era presidente. Así lo ha anunciado en una carta que ha enviado al actual presidente Carlos Torres, a la que han tenido acceso Europa Press y Reuters.
BBVA ha declinado hacer comentarios y ha señalado que ha sido una decisión que ha tomado el propio González.
González asegura que toma la determinación de hacerse temporalmente a un lado "para evitar que se utilice su persona para dañar a la entidad". En la misiva remitida a Torres González se muestra convencido de que su decisión "ayudará a entender con qué rigor, falta de interés personal y compromiso hemos trabajado durante tanto tiempo".
González, que pide a su sucesor que traslade la carta al consejo de administración con todo su "afecto y gratitud", señala que desde hace un año "hemos sufrido una larga y continua agresión mediática derivada de las investigaciones policial y judicial, sobre un caso de gran repercusión periodística en torno a un excomisario de policía y su trabajo al frente de una empresa de investigación contratada en su día por el banco".
Decisión previa a una junta difícil
La carta de González a Carlos Torres se conoce un día antes de la celebración de la junta general de accionistas del banco, que se celebra en Bilbao. Carlos Torres, que solo lleva dos meses y medio al frente de la entidad, se enfrentará a la junta de accionistas más dura en 17 años. Sobre el banco planean supuestas escuchas ilegales, pagos al policía más corrupto, el comisario jubilado Villarejo, la presión de Audiencia que ha abierto investigación, un mal comportamiento en Bolsa, la marcha de Francisco González con una pensión de 80 millones y el empuje del BCE para que aclare cuanto antes estas cuestiones porque dañan su reputación.
El punto más caliente es el relacionado con el supuesto espionaje que para el banco realizó la empresa del comisario jubilado Villarejo. BBVA realizó pagos a pagos a Cenyt, la empresa de este antiguo policía. El montante total de estos pagos a Cenyt, desde 2004 a 2017, asciende a 10 millones de euros, según fuentes conocedoras de estas operaciones, que cifran en 100 millones el presupuesto anual del BBVA en seguridad. Según el banco, en teoría la mayor parte de los pagos eran por trabajos para buscar propiedades de clientes morosos. González siempre ha asegurado que no sabía nada de la relación de la entidad y Villarejo.
Investigaciones en marcha
El banco realizó una investigación interna desde junio a diciembre de 2018, todavía bajo la presidencia de Francisco González, y ha iniciado otra externa, un análisis forensic, en enero, capitaneada por PwC, Uría y Garrigues. Hasta el momento, la entidad dice que no ha encontrado ningún documento que inculpe a González; Torres aseguró que confiaba en su antecesor. No tenía previsto pedirle que dimitiera de sus cargos de honor si no había pruebas. Sin embargo, el propio González ha dado el paso a través de la carta enviada a Torres.
Además, el pasado mes de febrero el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional exigió al BBVA que entregara todos los informes que estuvieran en su poder sobre los trabajos que habría estado realizando para el banco el comisario jubilado, en prisión provisional.
Por otra parte, Francisco González tiene otros frentes abiertos: este mismo jueves el exvicepresidente de la CNMV Carlos Arenillas ha presentado en ese mismo juzgado una querella contra Villarejo, González y el exjefe de seguridad del banco Julio Corrochano, por el espionaje al que presuntamente fue sometido cuando ocupaba su cargo. La querella acusa a los implicados por los delitos, al menos, de intervención de las comunicaciones llevada a cabo por un funcionario público, apoderamiento de secretos de empresa, delito contra el honor y delito de coacciones.
