El caso Villarejo en el BBVA, por el que el banco supuestamente pagó escuchas a políticos, empresarios y periodistas —destapado en mayo de 2018 y que ahora está bajo investigación de la Audiencia Nacional—, sigue abierto y provocando problemas a la entidad. La Asociación Uniter, compuesta por un millar de ex altos directivos del BBVA, ha enviado una carta al presidente de la entidad, Carlos Torres. En ella piden el cese del consejero José Miguel Andrés Torrecillas como presidente de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, y que dimita como coordinador de consejeros independientes por dejación en sus funciones. Desde el BBVA han respondido acordando una cita para aclarar sus posiciones.
Según la ley, Andrés Torrecillas tiene amplísimas atribuciones, como convocar consejo sin autorización del presidente, lo que le convierte en un contrapoder en el banco. Los exdirectivos creen que desde que se supo de la existencia de escuchas, en mayo de 2018, debía haber informado al consejo y haber tomado la iniciativa en esta crisis. Sin embargo, no hizo nada hasta el 18 de enero pasado, cuando celebró una reunión informativa.
La dura misiva de esta asociación, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, concluye argumentando a Torres: “Por todo ello, te pedimos que José Miguel Andrés Torrecillas sea destituido de su función de presidente de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento del banco y cesado como miembro de su consejo de administración. Al mismo tiempo, confiamos en que, como nuevo presidente del BBVA, exijas al Consejo el cumplimiento de las funciones y responsabilidades que le corresponden".
Presencia de Ybarra y Uriarte
Los ex directivos, entre los que se encuentran el expresidente Emilio Ybarra; el ex consejero delegado Pedro Luis Uriarte y otros muchos antiguos directores generales, también apuntan que "este tema es muy grave y existe la posibilidad de que pueda intervenir la CNMV, si considera que estas actuaciones vulneran las normas del Gobierno Corporativo". A continuación, ruegan a Carlos Torres: que les tenga "al tanto de las decisiones que adoptes sobre las peticiones que te presentamos en esta carta”.
Esta iniciativa de Uniter llega después de su relevante intervención en la pasada junta de accionistas, celebrada el 15 de marzo en Bilbao, en la que pidieron que fuera Andrés Torrecillas el que respondiera a sus demandas sobre el caso Villarejo. Por primera vez, el nuevo presidente accedió e hizo que este consejero contestara. La asociación argumentó entonces que, por sus relevantes cargos, Andrés Torrecillas "tiene la responsabilidad específica de vigilar las actuaciones y los riesgos que puedan afectar a la reputación del banco".
Ante todos los accionistas, el representante de Uniter preguntó si el expresidente Francisco González había comunicado al consejo la contratación de Villarejo y que, si no lo había hecho, si consideraba normal que la Comisión de Auditoría y Cumplimiento no fuera informada de ese hecho. También cuestionaron si el director de auditoría interna del BBVA o el director de Cumplimiento Normativo habían informado a Andrés Torrecillas sobre este caso. Por último, pidieron conocer qué medidas tomó la Comisión de Auditoría para esclarecer los hechos y qué actuaciones correctoras determinaron.
La contestación del consejero coordinador fue que "a raíz de las noticias que aparecieron en los medios en enero de 2019, en mi condición de presidente de la Comisión de Auditoría convoqué el 9 de enero una reunión extraordinaria que se celebró el 18 de enero". En esa reunión, según dijo, "se nos informó de los hechos conocidos con anterioridad a esa fecha y, a partir de ese momento, la comisión asumió la supervisión de la investigación del conocido como caso Cenyt. Desde esa fecha, la comisión ha sido informada puntualmente en todas sus sesiones sobre los aspectos relevantes a estos hechos".
Inexplicable que González pilotara la investigación
Para concluir, Andrés Torrecillas dijo que "el esclarecimiento de los hechos es un elemento esencial para poder elevar al consejo de administración las propuestas de acuerdo que en su caso correspondan". El problema es que durante seis meses González organizó una autoinvestigación interna, con sus propios directivos, que no encontró ningún papel comprometedor. En enero, tras su marcha y la llegada de Torres a la presidencia, contrató a PwC y los despachos Uría y Garrigues que, hasta el momento, tampoco han hallado documentos relacionados con las escuchas, según el banco.
Ante esta situación, Uniter deduce que "ni la comisión ni el consejo fueron informados de los contratos ni de los pagos realizados o, si fueron informados, no se tomaron las medidas adecuadas". No encuentran ninguna explicación al hecho de que Andrés Torrecillas no tomara la iniciativa en junio de 2018, "cuando se hicieron públicos los contratos" con Villarejo. Les parece inexplicable que aceptaran que fuera el propio González, "presunto implicado en el objeto de esa investigación", el que liderara las pesquisas. Además, se extrañan de que ahora Andrés Torrecillas se limite a recibir información sobre estos hechos.
Concluyen que la actuación del consejero coordinador "ha sido y es claramente insuficiente", pero van más lejos al decir que resulta sorprendente que con los cargos que ostenta "no tuviera conocimiento de las investigaciones, tanto internas como externas anunciadas por la dirección del banco, hasta el 9 de enero y que solo a partir de entonces haya sido informado. Esta respuesta resulta más sorprendente cuando José Miguel Andrés Torrecillas ha sido socio y director general, desde 1987 hasta 2004, de la filial española de una de las empresas de auditoría más importantes del mundo, Ernst and Young (EY), y presidente de la misma desde 2004 hasta 2014 y, por lo tanto, debía ser consciente de la gravedad reputacional de los hechos".
Íñigo de Barrón
El expresidente del BBVA, Francisco González, ha contratado al despacho de abogados Baker McKenzie para su defensa después de que la Audiencia Nacional haya admitido a trámite diferentes denuncias contra él por haber contratado, supuestamente, escuchas a políticos, empresarios y periodistas. Esta firma, de la que fue presidente su amigo Manuel Pizarro, no ha querido hacer comentarios sobre esta cuestión.
González, que en octubre cumplirá 75 años, ha roto toda la relación con el BBVA después de que el 14 de marzo pasado renunciara (temporalmente) a la presidencia de honor del banco y de la fundación. Precisamente ese día llegó la última demanda contra el expresidente. El exvicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Carlos Arenillas presentó una querella por el supuesto espionaje al que fue sometido cuando ocupaba ese cargo. La querella, entregada en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que ocupa el juez Manuel García-Castellón, pretende "la salvaguarda de sus legítimos intereses", y se dirige contra el comisario jubilado José́ Manuel Villarejo Pérez, el exjefe de seguridad del BBVA Julio Corrochano y Francisco González, "así como cuantas personas pudieran estar implicadas en los hechos investigados", según ha sabido este periódico de fuentes jurídicas.
La querella acusa a los implicados por los delitos, al menos, de intervención de las comunicaciones llevada a cabo por un funcionario público, apoderamiento de secretos de empresa, delito contra el honor y delito de coacciones
La denuncia en los juzgados, que ya adelantó EL PAÍS que estaba preparando el exvicepreidente de la CNMV, se suma a la presentada conjuntamente por el expresidente de Sacyr Luis del Rivero, el exdirectivo de esta empresa Vicente Benedito, el exvicepresidente del BBVA José Domingo Ampuero y la personación que ha pedido el exministro Miguel Sebastián por motivos similares.
