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El marco institucional es la solución para contener el ruido partidista 
Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno EFE
La incertidumbre política que envuelve la vida pública en España está haciendo perder de vista que los instrumentos para superarla siguen estando a disposición de los partidos y los ciudadanos. La prosperidad alcanzada por el país desde el final de la dictadura, así como la configuración de una sociedad incomparablemente más tolerante en los espacios privados que en los colectivos, no son resultado de ninguna evolución espontánea, sino de una sucesión de decisiones políticas mejores y peores adoptadas en un concreto marco institucional, establecido por la Constitución. Los repetidos intentos de desacreditar ese marco durante los últimos años no han conseguido más que rendirle un fervoroso homenaje a la inversa. Así, cada una de las fuerzas que han cobrado protagonismo invocando causas como la revolución o la nación han tenido que rebajarse a confundir la política con la propaganda. De esta forma ocultan que son ellas, no el sistema constitucional, las que carecen de los requisitos democráticos imprescindibles para decidir ningún futuro: la necesidad racional, no emocional, de sus programas, y la mayoría requerida para llevarlos a la práctica.
La sensación cada vez más generalizada de que en la actual legislatura han hecho implosión las deficiencias del sistema constitucional es solo eso, una sensación, inducida a partes iguales por unos climas de opinión interesados y por una banalización sin precedentes de la política como grado más alto de la reflexión intelectual. En realidad, ha sido la solidez del sistema constitucional la que ha conseguido contener los efectos potencialmente devastadores que en otras épocas y en otras latitudes han acarreado unos usos políticos como los que se han impuesto en España, acentuados hasta límites de perversión autoritaria por las fuerzas independentistas catalanas. Son estas las que, sin mayoría para legitimar su programa, y sin atenerse a los más elementales procedimientos democráticos, han desencadenado la espiral de furia y de ruido a la que se han dejado arrastrar todos los partidos. Justificar las acciones propias en las ajenas puede resultar rentable desde el punto de vista electoral, o por decirlo con toda su crudeza: en la satisfacción de las más irrefrenables ambiciones de poder, por más que se disfracen bajo invocaciones solemnes a la defensa de los grandes principios e ideales. Lo que no resulta en ningún caso es patriótico, democrático y ni siquiera honesto. En la firme convicción de que el sistema democrático español superará las duras pruebas a las que está siendo sometido por esta espiral en marcha, no tardará en quedar al descubierto la responsabilidad, la gravísima responsabilidad, de quienes hoy tienen en su mano detenerla, y no lo hacen.
Si alguna lección cabe extraer de la convulsa historia de España es que en el momento de las mayores crisis, e, incluso, de las más desgarradoras tragedias, destinos en apariencia inevitables podían cambiar con solo advertir el valor cívico de unas pocas palabras. Quienes no quisieron comprender en su día el significado de invocar la paz, la piedad y el perdón en un discurso que supo elevarse por encima del odio cuando el odio llegó a ser más feroz, descubrieron que bastaba otra palabra para construir un país de ciudadanos que se reconocen el derecho a discrepar, sin arrogarse el monopolio de la democracia. Si la palabra consenso parece en estos momentos la moneda gastada de un viejo espejismo, es solo porque se ha olvidado, no su significado, sino su valor cívico. Las instituciones democráticas acordadas en la Transición pudieron construirse sobre el consenso porque los líderes y los ciudadanos de entonces entendieron que ese valor se resumía en que ningún programa político, absolutamente ninguno, sirve a un país destruyéndolo. Ese valor sigue vigente, también frente a la espiral en marcha.
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