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Las urnas han premiado el 28-A a quienes buscan un diálogo constructivo 
Miembros de ERC celebran los resultados de las elecciones del 28A en Barcelona. David Ramos Getty Images
Las urnas derrotaron el pasado domingo los discursos extremistas sobre la cuestión territorial que amenazaban con provocar una nueva crisis constitucional no solo en Cataluña, sino también en el País Vasco y en el resto de España. Los defensores de las tesis independentistas unilaterales, agrupados en torno a Junts per Catalunya, el partido del expresidente Carles Puigdemont, registraron una severa derrota en favor de la vía pactada por la que ahora dice apostar Esquerra Republicana. En el otro extremo, los partidarios de una recentralización amparada en una aplicación inconstitucional del artículo 155 tampoco obtuvieron los resultados deseados. Vox, PP y Ciudadanos no lograron un solo escaño en el País Vasco y en Cataluña solo obtuvieron 7 de los 48 diputados en juego. Y entre los tres no alcanzaron el apoyo requerido para articular una fórmula para el Gobierno central similar a la de Andalucía.
En el caso catalán los principales beneficiarios de la derrota del extremismo fueron, además de ERC, los socialistas, mientras que en el País Vasco el PNV fue el gran vencedor. Se impusieron, pues, fuerzas que apuestan, cada una desde su óptica, por una fórmula para resolver las diferencias que nada tienen que ver con las vías de hecho por las que discurrió el procés. Además, quedó claro que en Cataluña el independentismo no cuenta con la supuesta “mayoría social” que suelen atribuirse sus líderes. Pese a la victoria por primera vez en unas generales de un partido secesionista —ERC—, solo el 39% de los catalanes optaron por opciones independentistas, quedando claro, una vez más —con urnas de por medio—, que quienes quieren romper con España son minoría en Cataluña.
Estos resultados no pueden interpretarse, sin embargo, como una invitación al olvido del problema territorial ni de la necesidad de adoptar iniciativas políticas dentro de la Constitución y de un imprescindible consenso entre las fuerzas parlamentarias. El hecho de que hasta ahora no se haya intentado no exime al nuevo Parlamento de perseguirlo. La composición del nuevo Congreso representa la voluntad de los ciudadanos, incluida la de quienes suscriben el programa de la secesión, y es deber de los diferentes grupos con representación en la Cámara articular una mayoría de legislatura para investir a un candidato a la presidencia del Gobierno. Ningún diputado electo puede ser excluido por principio de los acuerdos, de la misma forma que no todo programa es aceptable.
La victoria electoral de Esquerra Republicana en Cataluña la confronta con la inexorable necesidad de aclarar si abandona la tentación unilateralista y se desmarca de las proclamas irredentistas que siguen llegando desde Bélgica. No sirve de nada pedir diálogo si lo único que se proponen son proclamas vacías y exigencias inasumibles para la otra parte. Agotada la vía unilateral ha llegado la hora de pasar página y buscar un nuevo entendimiento.
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