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Reducir el paro juvenil exige activar las oficinas de empleo y de colocación 
Magdalena Valerio, ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros. ULY MARTIN EL PAÍS
El paro juvenil en España es un problema social enquistado al que no se ha prestado la atención debida durante el periodo de recesión económica, quizá porque los Gobiernos de Rajoy se enfrascaron en aplicar políticas de ajuste a ultranza y olvidaron poner en marcha estrategias específicas de creación de empleo, incluso después de superada la fase recesiva. En la actualidad, la tasa de paro de los jóvenes en España triplica la media de la Unión Europea.
La incapacidad de la economía española para procurar un empleo a las franjas de población entre 24 y 32 años tiene consecuencias sociales muy graves que amenazan con convertirse en endémicas. Impide que los jóvenes se independicen, frustra sus expectativas profesionales, los condena al subempleo y corta de raíz el propósito de que los frutos de una buena formación beneficien al país. En resumen, es un pesado lastre para el crecimiento económico en cuanto que cercena las aportaciones de un segmento profesional bien preparado, mejor incluso que las generaciones de edad más avanzada. Además, bloquea la mejora del valor añadido de la economía y cierra el paso a los avances tecnológicos necesarios para pasar a un modelo de crecimiento menos dependiente del turismo y la construcción. Es un drama que, por añadidura, produce un profundo desánimo entre las generaciones recién incorporadas al mercado de trabajo.
El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó un plan de choque para elevar el empleo juvenil en diciembre del año pasado. Los propósitos del mismo eran coherentes. Pretendía financiar, con una asignación de 2.000 millones para el periodo 2019-2011, la contratación de 3.000 técnicos de inserción laboral y modificar el estatuto de prácticas.
El plan de choque, sin embargo, tiene varios problemas, el principal es la escasa dotación financiera. Además, actúa sobre aspectos muy parciales que influyen sobre el empleo juvenil. Es necesario ampliarlo y mejorarlo. Aunque el mercado de trabajo necesita en primera instancia una rectificación razonable de la reforma laboral, habría que complementar los cambios normativos con un funcionamiento más activo de los instrumentos de colocación del Estado.
El Gobierno —este y el que salga de las urnas— tendrá que activar sobre todo las oficinas de empleo para que operen como lo que tendrían que ser, es decir, oficinas de colocación real, y también las agencias de colocación autorizadas (1.734 en toda España). Si la sociedad española tiene un grave problema de desempleo, es un despropósito que las oficinas se limiten en la práctica a tomar la filiación de los parados. En la actualidad, apenas el 2% de los contratos se hace a través de las oficinas públicas; y apenas el 3,5% de los contratos se firma a través de las empresas de trabajo temporal. Si se quiere reducir el desempleo, hay que cambiar las normas sobre contratación, y, además, utilizar la información de los servicios de empleo para casar las ofertas de trabajo con las demandas de los parados. Que es lo que debe hacer una oficina de empleo o agencia de colocación.
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