Juan Guaidó, junto al presidente de Ecuador, Lenín Moreno, sentado, el sábado. En vídeo, Guaidó vuelve a Venezuela bajo la amenaza de ser detenido por orden de Maduro. FOTO: REUTERS | VÍDEO: ATLAS
Hace una semana que la sensación en Venezuela es que, de nuevo, todo da vueltas sobre sí mismo. Un impasse que con toda probabilidad saltará por los aires con el regreso de Juan Guaidó al país en las próximas horas. El presidente de la Asamblea Nacional anunció el sábado por la noche su intención de volver a Venezuela, sin aclarar cuándo, y este domingo convocó una concentración en todo el país para mañana, lunes, día festivo por carnaval, sin concretar tampoco el momento exacto de su ingreso. La oposición confía en que Guaidó reactive así el entusiasmo de sus seguidores, aunque las consecuencias de esa decisión son aún una incógnita. En un mensaje difundido la noche del domingo, desde un lugar sin precisar, Guaidó aseguró que si Maduro decide detenerle y encarcelarle sería "el último error que cometan".
Guaidó salió del país el pasado 22 de febrero. Sus movimientos, decididos sobre la marcha y comunicados con cuentagotas, le llevaron a Colombia para liderar el intento frustrado de introducir material médico y suplementos nutricionales a través de la frontera. De allí se fue a Brasil, Paraguay, Argentina y Ecuador, entrevistándose con los presidentes de estos países de la región que son los que más le han apoyado y para buscar un contrapeso al protagonismo de la Administración de Donald Trump en la crisis, según se desprende de las conversaciones con una decena de fuentes, entre diputados próximos a Guaidó, asesores, líderes políticos de la oposición y el entorno del chavismo, consultados para esta crónica. Una estrategia no exenta de riesgos, ya que Guaidó salió de Venezuela a pesar de tenerlo expresamente prohibido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlado por el oficialismo.
Maduro y los principales dirigentes chavistas han sugerido en los últimos días que el líder opositor debe enfrentarse a la justicia. Nadie ha pedido abiertamente su detención y fuentes del alto mando chavista aseguraban esta semana que la intención es “evitar caer en provocaciones”. Con toda probabilidad, el sucesor de Hugo Chávez tomará la decisión final en el último momento tras consultar con un pequeño grupo de colaboradores.
Entre las opciones que se barajan cabe la posibilidad de que las autoridades migratorias le impidan la entrada a Venezuela y, en un intento de ningunearlo, el Gobierno le condene a una especie de destierro a la espera de que el proceso que puso en marcha se enfríe. El aparato chavista puede, además, detenerlo, puesto que técnicamente es un fugitivo. Esta hipótesis remite al caso de Leopoldo López, principal valedor de Guaidó y líder de su partido, Voluntad Popular, detenido en 2014. Y tendría repercusiones internas y externas imprevisibles, que van del estallido de un nuevo ciclo de protestas al endurecimiento del cerco diplomático o una reacción más contundente de Washington, que nunca ha dejado de agitar el fantasma de una intervención militar.
Si finalmente logra entrar estará obligado a retomar la iniciativa, a mover ficha. Es decir, después de un regreso al que su equipo tratará de dar unos tintes épicos no puede permitirse otro fallo. Ni tampoco regresar al escenario previo al 23 de febrero, cuando se reunía con distintas instituciones y presentaba sus planes. De alguna manera, el reto de Guaidó pasa por lograr hechos concretos que logren avanzar en una salida a la crisis y mantener vivar la esperanza de los amplios sectores de la sociedad que se entregaron a su causa.
El desafío del presidente de la Asamblea Nacional para desalojar a Nicolás Maduro tuvo un impulso inicial que hizo pensar en un giro inminente. Sin embargo, casi un mes y medio después de que el joven político venezolano se declarara presidente interino, ha amainado la intensidad de la confrontación y en las filas opositoras cunden los temores de que este proceso acabe en la enésima falsa alarma. “Impasse” es una de las palabras que más acompañan la conversación sobre la situación de Venezuela, junto a “bloqueo”, “estancamiento” o incluso “retroceso”. Depende del optimismo de los interlocutores.
El error de cálculo más evidente se remonta al 23 de febrero. El intento de llevar ayudas a los venezolanos más vulnerables se convirtió en un instrumento político para debilitar al chavismo. Pese a tener la partida casi ganada (algunos cargamentos ya se encontraban en territorio venezolano) se generaron unas expectativas demasiado altas y se subestimó al chavismo. La mayor parte de la oposición estaba convencida de que el costo de un escenario violento pesaría sobre ellos. Más aún cuando Diosdado Cabello, la víspera, sugirió que estaban dispuestos a dejar entrar la ayuda. “Quien quiera comer comida disecada es su problema”, vino a decir.
El chavismo, sin embargo, desplegó su artillería, no solo las fuerzas de seguridad, para reprimir las protestas. Hasta la frontera se desplazaron colectivos armados, que intervinieron después tras una fase inicial liderada por la Guardia Nacional y, posteriormente, la Policía Nacional Bolivariana. Para garantizar que se respetarían las directrices de Maduro y prevenir cualquier fricción, el chavismo movilizó en cada punto fronterizo una suerte de comisario político, como fueron los casos de la ministra de Prisiones Iris Varela o del exministro y coordinador de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) Freddy Bernal.
La violencia desactivó el operativo, a pesar de que la oposición barajaba la posibilidad de introducir ayudas a través de pasos fronterizos informales, a lo largo de las trochas, como ocurre a diario. A eso se añadieron los desórdenes producidos por militantes violentos, los llamados guarimberos, cuya presencia fue reconocida por los propios opositores. Y algunos episodios que afectaron a la imagen de Guaidó, como la detención del expreso político Lorent Saleh.
Después de una jornada marcada por los enfrentamientos en la frontera, Guaidó, a través de un tuit, aseguró que plantearía a la comunidad internacionales que dejase abiertas “todas las opciones para lograr la liberación de Venezuela”, lo que se interpretó como una petición de que se interviniese militarmente y una claudicación ante los sectores más radicales de la oposición y el ala dura de Estados Unidos, los llamados halcones de Trump, liderados por el consejero de Seguridad, John Bolton. El revuelo que generaron sus palabras obligó a Guaidó a matizar su mensaje. En su entorno defienden que no quería agitar el fuego y que incluso hacía referencia a la posibilidad de sentarse a negociar con el chavismo. Pero ya era tarde. Poco después, uno de los líderes de la oposición en el exilio, Julio Borges, representante de Guaidó ante el Grupo de Lima, aseguró que durante la cita prevista para un día después del organismo exigirían “una escalada en la presión diplomática y en el uso de la fuerza contra la dictadura de Nicolás Maduro”. Ni siquiera el Gobierno de Colombia, que junto con Washington es el principal valedor de la oposición en el tablero internacional, recogió el guante. El Grupo de Lima descartó esa posibilidad y solo la Administración de Donald Trump dejó todas las puertas abiertas.
La idea de una intervención militar recorre cada conversación sobre el futuro de Venezuela. En el chavismo están convencidos de que es algo más que una amenaza retórica. Sienten que no se puede descartar con Trump en la Casa Blanca y lo que consideran una tradición golpista de una parte de la oposición. Conscientes de que no podrían enfrentar un ataque durante mucho tiempo, no tiemblan a la hora de insistir en que buscarán resistir un asedio hasta el último momento, con todas las consecuencias.
Ante esta tesitura, la oposición camina sobre una línea muy fina. La mayor parte de los cercanos a Guaidó, diputados con capacidad de tomar decisiones y asesores, rechazan el uso de la fuerza para lograr una salida a la crisis. No obstante, saben que quitar ese “coco” al chavismo rebajaría la presión psicológica y podría suponer un retroceso en este proceso. Otro más. De ahí que la fórmula de que todas las opciones están sobre la mesa sea la más recurrente. El riesgo, admiten las fuentes consultadas, es que la estrategia se entremezcla con el sentir de gran parte de la población, del que pretenden sacar frutos el sector más extremo. El hartazgo y la desesperación con el chavismo son tales que nos les importaría de qué forma pudieran quitárselos de en medio. Los sectores más radicales, con María Corina Machado a la cabeza y alentados por muchos venezolanos en el exilio de Miami o Washington, han avivado esta opción.
La idea de una intervención militar recorre cada conversación sobre el futuro de Venezuela
“La intervención ya está aquí”, comenta un colaborador. Sin embargo, esa intervención no es, por ahora, de carácter humanitario ni militar. ¿Cómo se concreta, entonces, el cerco de Estados Unidos? Con sanciones directas e individuales a la cúpula del chavismo y al alto mando militar y la oferta de incentivos (visados, desbloqueo de las cuentas) a cambio de abandonar a Maduro. De momento, ese camino ha resultado ineficaz o, al menos, insuficiente. Alrededor de 700 oficiales y soldados han desertado desde el pasado 23 de febrero. Una cifra que puede parecer significativa y que, sin embargo, se queda en anécdota ante los números de las fuerzas armadas venezolanas, que cuentan con cerca de 250.000 efectivos.
Uno de los objetivos de la gira de Guaidó de esta semana era pedir a los mandatarios con los que se ha entrevistado que adopten sanciones concretas contra Maduro y su entorno para estrechar el cerco. En un principio se valoró también la posibilidad de que Guaidó viajase a Europa, para lograr una minicumbre en la que estuvieran presentes, al menos, Alemania, Francia y España.
La Unión Europea es vista por las ambas partes como una vía para lograr una salida pacífica y diplomática a la crisis. La oposición quiere que el Grupo de Contacto que puso en marcha la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, dé pasos más rápidos y concretos ante una eventual negociación con el chavismo. Al chavismo le permitiría no tener que ceder ante Estados Unidos, aunque dan por hecho que cualquier acuerdo con la oposición pasa por tener el visto bueno de la Casa Blanca.
Varios diplomáticos destacan que, en lo que va de año, Maduro, que no solía reunirse con los embajadores europeos, se ha visto con ellos en dos ocasiones y los canales han seguido abiertos con las embajadas más importantes pese a que la mayoría de países de la UE han reconocido a Guaidó como presidente interino de Venezuela. La sensación dentro de la diplomacia europea es que el chavismo sigue siendo una caja negra difícil de descifrar, donde no se sabe si hay divisiones o incluso debates internos que puedan producir un quiebre. Varios asistentes a esos encuentros recuerdan una de las intervenciones de Maduro: “Yo no soy Gadafi ni Sadam, pero si me matan surgirá otro y será más radical”.
