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El Ejecutivo admite que ya es "muy difícil" sacar adelante los cambios en la reforma laboral 
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; Magdalena Valerio, ministra de Trabajo, y el director general de la Organizacion Internacional del Trabajo (OIT), Guy Ryder Jaime Villanueva
Otro viernes, otro decreto. El Consejo de Ministros aprueba este viernes un decreto ley que recoge dos medidas de calado: la rebaja de 55 a 52 años de la edad para que los parados puedan comenzar a cobrar el subsidio y el control horario de la jornada laboral. El decreto, al que ha tenido acceso EL PAÍS y que a estas horas todavía es un borrador que sigue sufriendo ajustes, deberá ser convalidado por la diputación permanente del Congreso en menos de 30 días tras la publicación en el BOE. Este jueves por la tarde el Ministerio de Trabajo ha convocado a los agentes sociales para comunicarles el contenido del texto al que dará luz verde la Consejo de Ministro el viernes.
De lo que no hay nada en ese decreto, es de la derogación parcial de la reforma laboral. El Gobierno admite que ya es "muy difícil" encontrar el "mínimo común denominador" para sacar adelante esta medida, ante la falta de apoyos por parte de otros partidos para poder convalidar un decreto tan polémico.
El control de las horas
La regulación del control efectivo de las horas trabajadas es uno de los compromisos que asumió el Ejecutivo al llegar al poder. Su intención inicial era incluir esta medida en un decreto más amplio en el que se incluyeran otras para cambiar aspectos centrales de la reforma laboral de 2012, como otorgar prioridad en la aplicación de los convenios sectoriales sobre los de empresa o recuperar la prórroga indefinida y automática de los convenios colectivos no renovados. También pretendía el Gobierno cambiar la regulación de las subcontratas.
Según la redacción del decreto, ahora las empresas tendrán la obligación de garantizar "el registro diario de la jornada, que deberá incluir el horario concreto de la entrada y la salida". La medida se justifica en la exposición de motivos por "los problemas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social".
Hasta hace unos años, ese registro era obligatorio pero dos sentencias del Supremo acabaron con este criterio. Hace unas semanas el Tribunal de Justicia de la Unión Europea vino a decir lo contrario. Ahora con la introducción de un nuevo punto, el noveno, en el artículo del Estatuto de los Trabajadores se recupera esta obligación, aunque se deja mucho margen a la negociación colectiva para fijar cómo se hace. No obstante, sí que deja claro que las empresas deben guardar durante cuatro años ese registro horario y tenerlo a disposición de "las personas trabajadoras, sus representantes legales y de la Inspección de Trabajo".
La ayuda a parados, a partir de los 52 años
El texto que analizarán los ministros contiene, en principio, una decena de artículos y varias disposiciones. El primero de ellos es el que desarrolla el subsidio a partir de los 52 años y la ampliación de la base de cotización de sus beneficiarios hasta el 125% del salario mínimo interprofesional (SMI). En los recortes de 2012 se elevó la edad mínima para cobrar este subsidio, destinado a los parados más mayores, a 55 años y se rebajó la base de cotización al 100% del SMI, lo que tiene la consecuencia de que se reduce la ulterior pensión de este colectivo.
Además de estas medidas, el "decreto-ley de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo", según su nombre oficial, también crea varias bonificaciones.
