Carlos Arenillas era vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y, por cargo, consejero del Banco de España entre 2004 y 2005, cuando supuestamente tuvo intervenido su teléfono y fue sometido a espionaje. Arenillas, que hizo tándem con Manuel Conthe como presidente, fue testigo directo del conflicto generado a finales de 2004 por el supuesto espionaje encargado porel BBVA a raíz del intento de Sacyr de controlar la entidad financiera y desbancar de la presidencia a Francisco González, así como de las denuncias en la CNMV con respecto a la venta de la sociedad de este, FG Valores, a Merrill Lynch.
En las cartas enviadas a Albella y Hernández de Cos, a las que ha tenido acceso EL PAÍS, Arenillas se refiere a “la serie de documentos e informaciones” aparecidas en las últimas semanas en varios medios de comunicación, en las que aparecen su domicilio particular y dos coches oficiales de la CNMV. “Según esas informaciones, tanto mi teléfono como el de personas de mi entorno y, cuando menos si no algo más grave, mi domicilio y, al menos, dos coches oficiales, fotografiados”, resalta.
ampliar foto Carta de Arenillas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Ese es el motivo de presentar la querella “en las próximas semanas” en el Juzgado Central de Instrucción número 6 que sigue el caso y que ocupa el juez Manuel García-Castellón. La querella, de la que se encarga la abogada Almudena Peleteiro, está dirigida contra del comisario jubilado José Manuel Villarejo, el BBVA y los responsables de esta entidad implicados, empezando por su expresidente Francisco González, conocido por sus iniciales, FG.
En las cartas, con registro de entrada el 15 de febrero en el Banco de España y el 18 en la CNMV, que son prácticamente idénticas, Arenillas recuerda que el teléfono que supuestamente le fue intervenido “era la línea que empleaba para las comunicaciones personales, pero sobre todo para las profesionales”. “Ello supone que no solo se habría violentado mi intimidad personal, también se habría visto comprometida información confidencial derivada de mi cargo institucional durante aquellos años”, incide.
Arenillas destaca que, al ser un consejero de las dos entidades (vicepresidente en un caso) el que ha visto intervenidas sus comunicaciones, tanto la CNMV como el Banco de España estarían implicados, ya que se podría haber cometido un delito de información privilegiada, y sugiere que deberían actuar en consecuencia. “No tanto a título personal, tengo interés en conocer cuál será la posición que adopte [la CNMV o el Banco de España] ante el procedimiento judicial que investiga estos hechos”, sostiene Arenillas.
La actuación judicial de Arenillas se suma a la que ultima el exministro Miguel Sebastián a través del despacho del también exministro Francisco Caamaño. Sebastián, que entonces era director general de la Oficina Económica del presidente del Gobierno, prepara su demanda por vulneración del derecho a la intimidad y, según su entorno, tiene previsto presentarla “en breve”.
Según los documentos publicados, Villarejo habría recibido el encargo de Francisco González de investigar la vida privada de Sebastián, a quien había despedido del BBVA y consideraba uno de los cerebros de la trama para descabalgarle de la presidencia del banco. Las informaciones recogen una supuesta conversación entre Sebastián y el entonces jefe de gabinete del Banco Santander, Ignacio Rupérez, que fue grabada a través de un teléfono de Presidencia el 18 de enero de 2005. Asimismo, Villarejo también trató de desestabilizar a Sebastián con un supuesto amante cubano de nombre Iván y otras informaciones de carácter íntimo.
El espionaje se extendió, además a altos cargos, empresarios y periodistas. Entre ellos, destacan Luis del Rivero, expresidente de Sacyr; Juan Abelló y Demetrio Carceller, exvicepresidentes de Sacyr; Vicente Benedito, exdirectivo de Sacyr y exdirector del BBVA; José Pérez, expresidente de Intermoney y ex director general del BBVA, y José Domingo Ampuero, exvicepresidente del BBVA y miembro de las familias de Neguri que crearon el banco.
Demanda conjunta
Precisamente, Del Rivero, Benedito y Ampuero han presentado una demanda conjunta en la que acusan a los implicados (Villarejo y FG) de “una intromisión o injerencia en la esfera personal y una violación del derecho al secreto de las comunicaciones con el fin de descubrir secretos que forman parte de la esfera privada”. Según la demanda, “los hechos narrados por los medios de comunicación se refieren a una conducta delictiva que tendría contemplada una pena mínima de dos años y medio a cuatro años de prisión y una inhabilitación absoluta por tiempo de seis a 12 años, por lo que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 131 del Código Penal, su plazo de prescripción es de 15 años”. De esta forma, zanjan la duda sobre si los hechos denunciados habrían prescrito o no.
La denuncia insiste en que “esta violación masiva de la intimidad de los espiados fue aparentemente inducida por responsables de la entidad BBVA mientras detentaba la presidencia ejecutiva Francisco González”.
Villarejo se encuentra en prisión acusado de cohecho, revelación de secretos, falsedad documental, organización criminal y blanqueo de capitales en el marco de la Operación Tándem, financiada por el banco con al menos 517.000 euros. El BBVA ha reconocido que pagó facturas a Villarejo por 5,4 millones. El propio banco ha encargado una comisión de auditoría interna de la que se esperan conclusiones.
J. J. Gálvez
Las causas acechan a Villarejo. La Fiscalía acaba de pedir dos años de cárcel para el comisario jubilado por un delito de calumnias y otro de denuncia falsa contra Félix Sanz Roldán, director del CNI. Esta solicitud se produce apenas dos semanas después de que el ministerio público haya propuesto que se le imponga una condena de cuatro años por grabar una reunión entre la Policía y el CNI sobre el Pequeño Nicolás. Según la Fiscalía, Villarejo presentó una denuncia falsa contra Sanz y Javier Ayuso, ex adjunto a la dirección de EL PAÍS y ex director de Comunicación de Casa Real y del BBVA, por publicar una fotografía del agente bajando de un avión en Melilla. Según Villarejo, esa imagen formaba parte de un dossier que Sanz filtró a Ayuso, a los que acusó de delitos de descubrimiento, revelación de secretos y colaboración con actividades terroristas. “Pero la denuncia ni siquiera fue admitida a trámite y el juez ordenó el archivo de las actuaciones”, recalca la Fiscalía.
