Miguel Sebastián Gascón, jefe de la Oficina Económica del presidente del Gobierno y ministro de Industria con José Luis Rodríguez Zapatero, ha presentado un escrito ante la Audiencia Nacional por el presunto espionaje al que fue sometido por el comisario jubilado José Manuel Villarejo supuestamente por orden del expresidente del BBVA Francisco González en el que pide personarse como acusación particular en las diligencias previas abiertas por el juez Manuel García-Castellón. La acusación pone en tela de juicio la actuación de los actuales dirigentes de la entidad financiera, que no han ofrecido ninguna explicación a las personas cuya intimidad fue vulnerada por las supuestas escuchas y seguimiento realizadas entre los años 2004 y 2005 durante el intento de Sacyr de controlar el banco.
El escrito se fundamenta "en las informaciones difundidas por diversos medios de comunicación en relación con las operaciones de espionaje y vigilancia realizadas por grupos operativos coordinados por el entonces comisario de policía Sr. Villarejo cuyos servicios habrían sido contratados en el año 2004 por responsables del BBVA con el fin de favorecer los intereses económicos del Sr. Francisco González Rodríguez, entonces, presidente ejecutivo de la entidad".
La personación, que ha sido canalizada por el despacho del también exministro socialista Francisco Caamaño, hace especial hincapié a que las escuchas estarían violando la intimidad personal y profesional, ya que los teléfonos pinchados correspondían a líneas oficiales de Presidencia del Gobierno y podrían haber vulnerado la confidencialidad de algunas informaciones. "Las informaciones acreditarían que las comunicaciones telefónicas de nuestro representado, en aquel tiempo Secretario de Estado y director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, tanto las privadas como las oficiales, habrían sido intervenidas; que, asimismo, habría sido objeto de seguimientos y vigilancias continuadas y que, incluso, se llegó a construir un falso relato en torno a su persona con el propósito de desacreditarlo ante los demás e intentar torcer su voluntad", sostiene el escrito de los abogados.
"Corrupción corporativa"
El escrito va más allá y sostiene que "el examen de todos los materiales hasta ahora conocidos pone de manifiesto que estamos ante unos hechos especialmente graves que, de resultar finalmente probados, podrían constituir el mayor escándalo de corrupción corporativa de la democracia española".
A juicio del exministro, "se habrían utilizado recursos del BBVA para la defensa de posiciones internas de poder en perjuicio de los accionistas minoritarios", con lo que pone el dedo en la llaga ante la próxima junta general de accionistas del banco, que se celebrará el 15 de marzo, ya que los argumentos podrán utilizarse en el turno de ruegos y preguntas por parte de los accionistas.
"Las unidades operativas contratadas de forma encubierta para acometer las indicadas tareas de espionaje y reconstrucción falsaria de la realidad, estarían coordinadas y tendrían una estrecha relación con personas pertenecientes a cuerpos policiales y de seguridad del Estado, lo que les habría permitido acceder a informaciones privadas y reservadas especialmente protegidas", continúa el escrito. "Si fue posible intervenir, como indiciariamente acredita la documentación y los archivos de audio publicados, la línea telefónica oficial de nuestro representado, entonces Secretario de Estado con sede en el Complejo de la Moncloa ¿qué garantía del derecho a la intimidad pueden esperar los hombres y mujeres del común y, en particular, aquellos que han depositado en la entidad bancaria datos personales sensibles?"
Miguel Sebastián presiona a los actuales dirigentes del banco: "A pesar del tiempo ya transcurrido desde que aparecieron las primeras noticias sobre este asunto, ningún representante del BBVA se ha disculpado públicamente por tales hechos, ni se ha dirigido a mí representado aunque solo fuese para informarle de las medidas internas que se piensan adoptar o para transmitirle su voluntad de prestarle ayuda y colaborar en la identificación de los responsables y en la defensa de los derechos de las personas perjudicadas".
"Con independencia del esclarecimiento penal de los hechos, la más elemental política de compliance obliga al actual equipo directivo del BBVA a ofrecer una mínima explicación a las personas cuya intimidad fue drásticamente vulnerada y a las que, como ocurre singularmente en el caso de mi patrocinado, se les fabricó, por encargo, un falso relato acerca de su vida personal, con el solo propósito de desacreditarlo ante los demás y crear un contexto intimidatorio", incide el comunicado del exministro.
"Tampoco se adoptó una sola medida de apartamiento o suspensión cautelar de aquellas personas presuntamente implicadas y que todavía desempeñan ciertas tareas de representación institucional del BBVA", remata en clara referencia al actual presidente de la entidad, Carlos Torres, y las personas que forman parte de la comisión que investiga los hechos relacionados con el supuesto espionaje.
Otras demandas
Esta es la segunda que se presenta en la Audiencia Nacional tras la conjunta presentada el pasado 12 de febrero por Luis del Rivero, Vicente Benedito y José Domingo Ampuero. Los denunciantes señalaron que “la violación masiva de la intimidad de los espiados fue aparentemente inducida por responsables de la entidad BBVA mientras detentaba la presidencia ejecutiva Francisco González Rodríguez". A su juicio, la entidad financiera contrató a Villarejo "para conseguir determinada información en beneficio del Sr. González".
Además, el exvicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Carlos Arenillas, ha anunciado que presentará una querella con parecidos argumentos. Antes de llevarla a efecto, Arenillas ha enviado sendas cartas al gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, y al presidente de la CNMV, Sebastián Albella, para conocer cuál va a ser la actuación de ambas instituciones ante los hechos que se denuncian.
