"); } "); } else document.write("
");
Las urnas no deciden sobre esencias patrias, sino sobre políticas concretas 
Albert Rivera y Pedro Casado INMA FLORES
La campaña que comienza esta semana inaugura un ciclo electoral que llevará a la renovación de la práctica totalidad de instancias representativas establecidas por la Constitución. La proximidad entre la llamada a las urnas el próximo 28 de abril y la prevista para el mes de mayo hace presagiar que las fuerzas políticas intenten movilizar a los ciudadanos en torno a un programa monotemático, más pensado en clave de lucha electoralista que como oferta de gestión específica para cada ámbito de Gobierno, sea central, autonómico o municipal, además de europeo. Este riesgo se ve multiplicado por otro: la posibilidad de que se postergue deliberadamente la investidura de un Ejecutivo central hasta tanto no se celebre la siguiente ronda electoral, apurando los plazos constitucionales a fin de que los eventuales pactos en el Parlamento que se constituya el día 28 no influyan sobre los resultados en Ayuntamientos, Ejecutivos autonómicos y la Eurocámara.
Ambos riesgos responden a la extendida convicción de que el país se encuentra fatalmente dividido en dos bloques irreconciliables, y de que lo que se juega en las elecciones generales es cuál obtendrá la victoria. La división no es, sin embargo, una consecuencia espontánea de las opciones políticas que tienen ante sí los ciudadanos, sino el resultado deliberadamente inducido por los partidos que aspiran a dirimir en las urnas una agónica decisión sobre el ser o no ser de España. Ésta es la estrategia de las fuerzas independentistas, que confiaban en provocar exactamente la réplica que han encontrado en los partidos desde el centro conservador a una emergente ultraderecha. Estos partidos, a su vez, parten del supuesto de que solo ellos son los garantes del orden constitucional y de que solo sus análisis y sus políticas están dentro de él, autoproclamándose portadores de un esencialismo de nuevo cuño que, sin embargo, no ha impedido los acuerdos con el más rancio.
Sólo que en democracia las urnas no deciden acerca de ningún género de esencias ni las campañas electorales son el preámbulo de luchas escatológicas en las que un país opta entre lo que supuestamente es o perderse para siempre. La elección que se dirime el próximo 28 de abril es entre medidas políticas propuestas por unos y por otros para hacer frente al doble desafío al que se enfrenta España, el ataque contra el sistema democrático perpetrado por un independentismo que quiere imponer su programa desde la minoría, y las alarmas acerca de una nueva recesión internacional que amenaza añadir costes sociales adicionales a los provocados por la anterior crisis, aún sin reparar. No se trata de desafíos alternativos, de manera que, o se resuelve uno, o se resuelve el otro, sino de problemas simultáneos, por más que durante la legislatura que termina se hayan instrumentalizado en ambas direcciones.
Por encima de los diversos riesgos políticos de este inicio de campaña sobrevuela, además, el temor de que el Parlamento que salga de las urnas se precipite en el bloqueo, falto de un mandato popular inequívoco. Tampoco este temor es fruto de la fatalidad, sino del persistente error de perspectiva que provoca la polarización inducida y que fuerza a interpretar toda elección como un plebiscito entre bloques. El 28 de abril el Parlamento no recibirá ningún mandato porque el mandato será el Parlamento, ese concreto Parlamento. El hecho de impedir a través de vetos cruzados que desempeñe su primera tarea, que es investir un Ejecutivo en torno a un programa respaldado por la mayoría, equivaldrá a desoír la voluntad de las urnas y a poner en jaque el sistema constitucional, por más acentos épicos con los que se invoque su defensa.
Puedes seguir EL PAÍS Opinión en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.
