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Está justificado que el Gobierno actúe para evitar ataques al sistema informático electoral y prevenir posibles campañas de desinformación 
Iconos de las principales redes sociales.
Martin Meissner AP
El voto es uno de los instrumentos más importantes que un ciudadano tiene para ejercer sus derechos políticos. El proceso electoral ha de poder realizarse sin riesgo de que se produzcan alteraciones en el mismo. Pero tan importante como evitar ataques informáticos es crear las condiciones para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto de forma libre y con conocimiento de causa. En los últimos años, las campañas de manipulación informativa a través de las redes sociales han alterado las reglas del juego y han dado lugar a estados de opinión que no eran el resultado de un debate basado en datos fidedignos, sino de campañas de manipulación informativa que tenían como propósito engañar para influir así en el resultado de las votaciones. Lo vimos, con efectos que todavía perduran, en el referéndum del Brexit, en el que se decidió la salida del Reino Unido de la Unión Europea después de una campaña en la que abundaron los bulos y los datos falsos.
Parece, pues, justificado que el Gobierno se plantee ahora actuar, siguiendo las recomendaciones comunitarias, de forma preventiva, tanto para evitar posibles ataques al sistema informático electoral como para prevenir o desenmascarar campañas de desinformación destinadas a alterar o condicionar la libertad de los ciudadanos a la hora de votar.
El primer objetivo, aunque no es sencillo, depende en gran medida de que se habiliten los medios técnicos necesarios. El segundo, en cambio, resulta mucho más problemático, porque la capacidad de intervención en este caso no puede interferir obviamente con el derecho a la libertad de expresión, que debe ser respetado en toda su amplitud. En una sociedad compleja como la que vivimos, en la que cada cuatro años los ciudadanos dan su confianza a los partidos para que resuelvan en su nombre cuestiones de gran trascendencia, es importante que puedan tomar sus decisiones de voto basándose en una información fiable.
La unidad contra la desinformación creada por la Unión Europea en 2015 ha demostrado que la alarma está justificada. Esa oficina ha desmontado más de 5.000 falsedades sobre cuestiones importantes procedentes en muchos casos de potencias extranjeras interesadas en desestabilizar la democracia y el sistema institucional europeo. De momento, el Gobierno pretende explorar el funcionamiento de las redes sociales en la transmisión de bulos y falsedades. No hay mucha experiencia previa en la que poder inspirarse para abordar este complejo problema, pero no cabe duda de que hay que comenzar a hacerlo. De esta experiencia pueden salir líneas de actuación futura y medidas a exigir a las grandes empresas tecnológicas que controlan las redes sociales. En todo caso, las intervenciones que se hagan en las campañas electorales que se avecinan han de ser públicas y transparentes.
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