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Las leyes no bastan para erradicar el consumo ilegal de contenidos culturales 
Un trono gigante instalado en el Rockefeller Center para promover el estreno de la octava temporada de 'Juego de tronos'. JUSTIN LANE EFE
No son las hermanas pobres del cine ni un género menor dentro de la industria del entretenimiento. Ficciones de alcance global, como Juego de tronos, han entrado a ocupar por mérito propio un lugar privilegiado en la historia audiovisual. No solo por su calidad técnica, su estética fantásico-medieval, su asombrosa narrativa o su colosal presupuesto. La superproducción del canal estadounidense HBO tiene un extraordinario impacto social y desencadena una conversación que se extiende por los más de 200 países y territorios en los que se emite. Ha quedado demostrado que no es una serie pensada únicamente para entretener al público, sino que es un fenómeno con una fructífera vida más allá de la pequeña pantalla.
Juego de tronos, que acaba de estrenar su octava y última temporada, es con todo merecimiento una de las series más populares y premiadas del momento. Tiene también el dudoso honor de situarse como la más pirateada de todos los tiempos. En los últimos años ha sido objetivo de los hackers en todo el mundo sin que los dueños de los derechos de propiedad intelectual hayan sido capaces de detener una utilización fraudulenta mediante archivos de enlaces que permiten la descarga de contenidos. Estrategias como el estreno simultáneo en Estados Unidos y en la mayoría de los países en los que se difunde han propiciado un descenso de los visionados ilegales a través de Internet. A este recorte han contribuido igualmente unas tarifas más asequibles de las plataformas de vídeo.
La piratería es una lacra que socava los pilares de las industrias creativas. Pese a los esfuerzos desplegados por los titulares de los derechos, son muchas las series y películas que, a través de intrincados sistemas de enlaces de páginas, han sorteado la legalidad. El juicio que la semana pasada se celebró en un juzgado de Murcia contra los dueños de Seriesyonkis, considerada la mayor web pirata de España, ha puesto de nuevo sobre la mesa un fenómeno que no ha sido erradicado. Es un dato halagüeño que estas prácticas estén en retroceso, como pone de relieve el reciente informe del Observatorio Anual de la Piratería. El crecimiento de la oferta legal y la firmeza de los tribunales han contribuido a reducir el consumo ilícito de películas, videojuegos, libros, series o música online. Pese a todo, las cifras no dejan de ser alarmantes: el año pasado hubo en España 4.348 millones de accesos no autorizados a contenidos culturales, que generan suculentos beneficios a quienes explotan estas webs (gracias a la publicidad) y generan un perjuicio a las arcas públicas.
La reciente reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, que facilita el cierre de una web reincidente sin necesidad de que dictamine un juez, es un instrumento eficaz para bloquear las páginas que alojen contenidos sin permiso. Junto a la aplicación de medidas legislativas es preciso incidir en la necesidad de desarrollar campañas de concienciación para que los usuarios sepan que Internet no puede ser por más tiempo el paraíso del todo gratis.
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