Protesta ante el Parlamento británico en Londres contra un posible retraso del Brexit. En vídeo, declaraciones de May. Tolga AKMEN (AFP) | REUTERS
Brexit, sí, pero no en la fecha anunciada. La Unión Europea trabaja ya con el escenario de una prórroga para consumar la salida de Reino Unido de la UE prevista inicialmente para el 29 de marzo, según señalan a este diario fuentes diplomáticas.
La petición de aplazamiento podría precipitarse a partir de esta semana, cuando el Parlamento británico se pronuncie sobre los pasos que debería seguir el Gobierno de Theresa May para completar el Brexit y evitar una salida sin acuerdo.
La primera ministra ha anunciado este domingo, camino de El Cairo para asistir a una cumbre de la UE y la Liga Árabe, que hasta el 12 de marzo no tiene previsto someter a votación el acuerdo de salida, lo que apenas dejaría dos semanas para completar el proceso legislativo, un plazo que se considera insuficiente para la tramitación.
May descartó ante medios británicos convocar el voto esta misma semana como estaba previsto y reiteró que el martes comparecerá en la Cámara de los Comunes para explicar a los diputados el estado de las negociaciones. "Todavía está a nuestro alcance abandonar la Unión Europea con un acuerdo el próximo 29 de marzo", aseguró a modo de mantra la jefa de Gobierno.
La elección del 12 marzo para esa crucial votación en la Cámara de los Comunes responde a la consabida estrategia de May de ganar tiempo hasta el último minuto viable. En el tiempo que medie hasta entonces deberá intentar contener la revuelta interna en el seno de su propio partido y protagonizada por decenas de diputados –tanto europeístas como partidarios de un Brexit ordenado- que quieren evitar a toda costa un desengarce de Europa sin acuerdo previo.
Los rostros de tres de los ministros de su gabinete, Greg Clark, Amber Rudd y David Gauke, han vuelto a protagonizar este fin de semana las portadas de la prensa por su amenaza cada día más nítida de apoyar un aplazamiento del Brexit para conjurar que éste pueda materializarse a las bravas. Su posición definitiva –y la de muchos parlamentarios de las filas tories- será a puestaprueba el próximo miércoles, cuando en los Comunes se vote una retahíla de enmiendas entre las que se incluye una que plantea la prórroga de la fecha del Brexit si en un plazo inmediato May no ha recabado el apoyo necesario a su acuerdo de salida. Ese plazo puede expirar el 12 de marzo.
Si la estrategia de May de apurar plazos falla, como todas las que ha impulsado hasta ahora, la primera ministra tendría que solicitar una prórroga a los 27, que deben aprobarla por unanimidad. Pero es necesario el consentimiento de Reino Unido, por lo que Bruselas debe contar con el visto bueno de May para materializarla. La próxima cumbre de la UE está prevista para el 21 de marzo, a ocho días del Brexit.
Fuentes diplomáticas advierten, sin embargo, que "no hay ningún apetito entre los 27 para prolongar durante meses la negociación". La prórroga, precisan, sería solo para dar a tiempo a Londres a tramitar las leyes necesarias para regular el abandono definitivo del club.
La Comisión Europea se resiste a que el posible aplazamiento vaya más allá del 26 de mayo, fecha de las elecciones al Parlamento Europeo. La misma Eurocámara también prefiere que el Brexit quede zanjado antes de la cita con las urnas, para evitar el dilema jurídico de celebrar o no los comicios en Reino Unido.
El límite del 2 de julio
Fuentes diplomáticas, sin embargo, ven factible retrasar el Brexit hasta el 2 de julio, fecha en la que se constituirá el próximo Parlamento Europeo. Y consideran gestionable el hecho de que Reino Unido no participe en los comicios del 26 de mayo a pesar de que, legalmente, todavía sería miembro de la UE.
La mayoría de los socios europeos, según fuentes diplomáticas, abogan por una prórroga corta y con un objeto muy concreto: completar la tra mitación parlamentaria del Brexit. Algunas delegaciones planteaban un aplazamiento de hasta un año. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, sería partidario de suspender el Brexit incluso hasta 2021, según fuentes citadas por el diario The Guardian. Se trataría dar tiempo a que Londres se aclare y hacerlo coincidir con el final del actual marco presupuestario de la UE (2014-2020).
Pero la mayoría teme que una extensión tan larga sume a la UE en la grave crisis política y constitucional que se augura una vez consumado el Brexit y que abocará, con toda probabilidad, a unas nuevas elecciones en Reino Unido (que serían las terceras en cuatro años).
La gran incógnita para conceder la prórroga, según fuentes comunitarias, sigue siendo si May puede sacar adelante el acuerdo de salida pactado por la UE y Londres el pasado 25 de noviembre. Ese texto fue rechazado en enero por la Cámara de los Comunes con 432 votos en contra y 202 a favor, una diferencia de 230 votos que parecía hasta ahora insalvable.
La posibilidad de la prórroga técnica, sin embargo, ha ganado muchos enteros tras los contactos de la semana pasada en Bruselas entre la primera ministra, Theresa May, y el líder laborista, Jeremy Corbyn. Ambos se reunieron por separado con las instituciones comunitarias. Y, por primera vez en mucho tiempo, Bruselas percibió la posibilidad de una mayoría parlamentaria para aprobar el acuerdo de salida.
La UE había supeditado una posible prórroga a un acuerdo entre conservadores y laboristas que garantizase la mayoría suficiente en el Parlamento de Westminster. Esa posibilidad, aunque todavía muy complicada, empieza a vislumbrarse.
La apuesta de Bruselas se basa en la labor de Geoffrey Cox, el fiscal general británico, que ha pasado a formar parte imprescindible de la delegación negociadora de Reino Unido que visita periódicamente la capital comunitaria. "Cox se ha convertido en la gran esperanza y en la única persona en quien se puede confiar", señalan fuentes comunitarias.
El fiscal será el encargado de verificar el "peso jurídico" de las garantías adicionales que la UE está dispuesta a ofrecer para demostrar a los parlamentarios británicos que la llamada salvaguarda irlandesa no tiene vocación de perpetuarse. El veredicto de Cox, si es favorable, podría ayudar a May a ganar apoyos en las filas conservadoras y a lograr el respaldo o la abstención de diputados laboristas.
El nudo gordiano de la frontera con Irlanda
La salvaguarda se ha incluido en el Acuerdo de salida para garantizar que, pase lo que pase después del Brexit, no se establecerá una frontera física entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte. La UE y Reino Unido se han comprometido a lograr un acuerdo comercial antes de finales de 2020 que evitaría esa frontera. Pero por si acaso el acuerdo no llegara, ambas partes han pactado una salvaguarda que obligaría a Reino Unido a mantener una unión aduanera con la UE que permitiera la libre circulación de mercancías y servicios entre las dos partes de Irlanda. Los diputados británicos temen que esa unión aduanera se convierta en un vínculo eterno con la UE y exigen garantías de que no será así.
Bruselas aceptó a principios de febrero negociar unas garantías adicionales, siempre y cuando no suponga reabrir el texto del pacto. Los contactos a nivel técnico se han intensificado desde entonces y apuntan a una posible solución, aunque nadie se atreve a aventurar si será suficiente para lograr el apoyo de la Cámara de los Comunes.
En todo caso, el calendario ya hace prácticamente imposible que la salida de la UE se complete el 29 de marzo. Tras el voto del Acuerdo, el Parlamento británico necesita un período mínimo (equivalente a 21 sesiones) para ratificar el Tratado que pondría fin a la pertenencia de la UE. Ese plazo hace que más allá del 26 de febrero, la ratificación ya no sería posible antes del 29 de marzo.
Londres podría añadir sesiones al calendario parlamentario, como ya ha hecho en las últimas semanas. En enero suspendió el receso previsto entre el 14 y el 25 de febrero. Y añadió sesiones en tres viernes (8 de febrero y 15 y 22 de marzo), que no estaban previstas. Si hiciera falta, incluso se podría declarar hábil, a efectos parlamentarios, el sábado, algo que no ocurre desde 1982, con motivo de la guerra de las Malvinas.
Pero aun así, Bruselas ve muy improbable que al Gobierno de May le dé tiempo a aprobar antes del 29 de marzo las seis leyes asociadas al Brexit que todavía están en tramitación y los varios centenares de actos legislativos secundarios que aún no han llegado al Parlamento.
