Una década le ha costado a España enderezar sus finanzas públicas y rebajar el déficit por debajo del techo del 3% del PIB que marca el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Bruselas no solo lo confirmó definitivamente este martes. La oficina estadística Eurostat corrigió a la baja los números que le remitió Madrid. El Gobierno anunció que cerró el año pasado con un desfase presupuestario equivalente al 2,63% del PIB, pero Bruselas lo recortó al 2,48% al considerar que ciertos gastos deberán imputarse a 2019. Si nada se tuerce, España, que deja de ser el país de la UE con más déficit, saldrá en junio del brazo correctivo.
España será el último país de la UE en abandonar la UCI de Bruselas, por la que en 2011 llegaron a pasar 24 países. La salida se producirá previsiblemente, según fuentes comunitarias, el próximo junio. Si en las previsiones económicas de mayo la Comisión Europea constata que España no rebasará en los próximos dos años el sacrosanto límite del 3%, dará luz verde para que salga de la estricta vigilancia a la que ahora está sometida.
Como ya anunció poco después de tomar cargo de su cartera la ministra de Economía, Nadia Calviño, España no cumplirá con los compromisos adquiridos por el anterior Gobierno de Mariano Rajoy. Estos pasaban por drenar el déficit del 3,1% de 2017 hasta el 2,2% del PIB en 2018. Calviño consideró entonces que eso implicaba un “ajuste de gran magnitud”. Sin embargo, al final no ha quedado lejos de esa meta. Y paradójicamente, Bruselas ha acabado mejorando el saldo final que estimó el Gobierno de Pedro Sánchez.
El Ejecutivo anunció en marzo que rebajó el déficit al 2,63% del PIB gracias a una enorme subida de la recaudación fiscal y pese al aumento del gasto y la desaceleración económica. Sin embargo, en las cuentas se anotaron varios gastos extraordinarios —que no se repetirán— y que, según le advirtió la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, no tenían por qué ser imputados a ese ejercicio.
El Banco de España concretó que, en parte, el saldo se reduce por el registro de 890 millones de euros por contratos de concesiones de autopistas, en relación a la reclamación que ha formulado Abertis al Estado por unas obras en la AP-7 que aún se halla en los tribunales. Hacienda también cargó al déficit de 2018 los 702 millones que debe devolver a Telefónica por el impuesto de sociedades, a pesar de que la sentencia se dictó este año. En una nota, Hacienda afirmó que “los datos comunicados inicialmente por la Intervención General del Estado” contemplaban un mayor gasto” en 2018 “basándose en el principio de prudencia”. Eso se cambió tras un “proceso habitual de consultas e intercambio de información” con Eurostat.
España, pues, acabó 2018 mejor de lo que esperaba. Pero a la vez tendrá menos margen para este año al tener que afrontar más extraordinarios. Los compromisos con Bruselas pasan por ir cerrando ya el boquete de los Presupuestos y dejarlo en el 1,3% del PIB. No obstante, Calviño avisó de que su meta sería el 1,8%, al considerarla más realista para desplegar las políticas sociales a las que se comprometió el Ejecutivo de Sánchez.
Ya liberada del corsé del procedimiento de déficit excesivo, la Comisión examinará cada año el saldo estructural de España. Es decir, la situación de las cuentas públicas descontando los efectos del ciclo económico. Bruselas le exige un ajuste del 0,65% del PIB anual, con un margen de incumplimiento del 0,5% que puede repartir en los dos primeros años.
Chipre, el mayor desfase
Tras examinar el borrador de Presupuestos, los técnicos de la Comisión consideraron que las medidas planeadas por el Gobierno apenas aportaban cambios significativos. Aun así, España pasó el examen de Bruselas con la advertencia de que podía incumplir las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La Comisión, además, le urgió a aprobar los Presupuestos. Pero la negativa de los partidos independentistas catalanes a su tramitación le impidió hacerlo, lo cual implica otro obstáculo para este año.
La salida de España del brazo correctivo es un alivio para Bruselas. Sin embargo, en plena fase de desaceleración no se descarta que otros enfermos puedan volver a la UCI. El sector público español, que pasará al brazo preventivo, ya no es el paciente más grave. Le supera el chipriota, que pasó de un superávit del 1,8% en 2017 a un déficit del 4,8% en 2018 tras haber adoptado medidas para apoyar a sus bancos. Y Francia, que abandonó el procedimiento de déficit excesivo en 2015, comparte podio con España con un déficit idéntico pero con planes de aumentarlo este año al 3,4% del PIB para dar respuesta al malestar social
Pero el riesgo más inmediato no viene de Madrid. Llega de Roma. Tras entrar en recesión, los planes expansivos del Gobierno de Giuseppe Conte podrían hacer volar el déficit más allá del 3%. Las previsiones de mayo deberán determinar si se confirman las últimas estimaciones de Bruselas de que Italia rebasará ese techo en 2020. O, aún peor, si el deterioro económico le pasa factura antes de lo previsto.
En el otro lado de la balanza, varios socios siguen con superávits abultados, ignorando también las recomendaciones de las instituciones europeas. Si bien estas siguen llamando a los países más rezagados a que reconstruyan sus colchones fiscales, también reclama a los que tienen excedentes en sus cuentas públicas que lancen planes de inversión.
Alemania y Holanda cerraron 2018 con saldos positivos del 1,7% y el 1,5% del PIB, respectivamente, a pesar de poner en marcha tímidos programas de expansión. También acabaron con números verdes Luxemburgo (2,4%), Bulgaria y Malta (2%) o Grecia, que registró un superávit del 1,1%.
La Administración de Alexis Tsipras sigue siendo la más endeudada del continente. Su pasivo equivale al 181,1% del PIB, casi cinco puntos más que en 2017, según Eurostat. Le sigue Italia (132,2%), que estuvo a un suspiro de entrar en el brazo correctivo por su exceso de deuda y, sobre todo, por la falta de medidas para reducirla. Y a continuación están Portugal (121,5%), Chipre (102,5%), Bélgica (102%), Francia (98,4%) y España (97,1%).
A pesar de no estar en el podio, el volumen de deuda de España sí es percibido como una de las grandes vulnerabilidades de la economía a medio y largo plazo, como ha venido recordando el Ejecutivo comunitario en varios informes estos meses.
De forma agregada, la zona euro cerró 2018 con un déficit de sus administraciones públicas del 0,5% —medio punto menos que el año anterior— y una deuda equivalente al 85,1% del PIB, frente al 87,1% de 2017. Los números no difieren mucho para el conjunto de la Unión Europea. Los Veintiocho acabaron el ejercicio anterior con un déficit del 0,6% y una deuda del 80% del PIB.
