Borja Prado dejará la presidencia de Endesa en la próxima junta general de accionistas, prevista para abril. El ejecutivo habrá cumplido entonces una década al frente de la eléctrica, a cuya presidencia accedió en 2009 tras dos años como consejero. Su salida, que deberán aprobar el consejo de administración y la comisión de nombramientos y retribuciones, ha sido negociada desde el año pasado tras un alejamiento de la cúpula del grupo italiano Enel, accionista mayoritario de la firma, y, en concreto, de su consejero delegado, Francesco Starace.
Círculos cercanos a la empresa manejan el nombre de Juan Rosell, expresidente de la patronal CEOE, como el sustituto de Prado al frente de la firma, aunque sin labores ejecutivas, que asumiría José Bogas como consejero delegado.
Indemnización mínima de más de 12 millones
Por su trabajo como presidente de Endesa, Borja Prado logró en 2017, último ejercicio del que existen datos disponibles, una retribución de 3,184 millones, más 281.000 euros para su plan de pensiones. El último informe anual sobre remuneraciones precisa que, tanto en caso de extinción de la relación por mutuo acuerdo como de cese por voluntad de la empresa, tendría derecho a recibir una indemnización cifrada en 2,8691 veces su último salario anual, al margen de las cantidades acumuladas por pensiones y seguros, más 0,9564 veces la retribución anual en concepto de pacto de no competencia por dos años. Con las cifras de 2017, ello supondría una indemnización mínima de 12,18 millones, pero se desconoce aún su retribución de 2018 y, en todo caso, las partes son libres de fijar una indemnización mayor.
El Confidencial apuntó anoche que la cifra superaría los 13 millones. Prado contaba además al final de 2017 con una dotación de 2,3 millones en su fondo de pensiones, más lo que se haya aportado durante 2018.
Deterioro en las relaciones
El ejecutivo, que era el responsable de la entidad italiana Mediabanca en España en 2009, llegó a su cargo actual como hombre de confianza de Enel, que había entrado en la firma en una polémica operación en la que estuvo acompañado por Acciona y que tuvo el apoyo del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y el rechazo de la dirección del grupo, entonces presidido por Manuel Pizarro.
La batalla fue campal hasta que se zanjó con un acuerdo que les dio el poder. Posteriormente, Acciona vendió su 25% de acciones a Enel y el grupo italiano asumió el control del 92% de la compañía, para unos años después vender el 22% del capital y quedarse con el 70%.
Las relaciones de Prado, quien ayer se encontraba en París y hoy viajará a Roma, con Enel se fueron deteriorando a raíz de la sustitución de Fulvio Conti por Francesco Starace en 2015. En paralelo, también cambió el consejero delegado de Endesa, puesto en el que José Bogas relevó a Andrea Brentan, con quien Prado mantenía un buen entendimiento.
Expolio de los italianos, según UGT
Prado nunca vio con buenos ojos la compra por Enel de los activos de Endesa en Latinoamérica, dirigida por Starace desde Roma, ya que dejaba a la firma española muy mermada y con presencia solo en la península Ibérica. Conti también se opuso a dicha operación, que a la larga le ha reportado muchos beneficios al grupo italiano.
El presidente de Endesa se mostró comprensivo con las reclamaciones de los sindicatos de la empresa, que en la última junta de accionistas acusaron en presencia de Starace, vicepresidente de la compañía, al grupo italiano de realizar una política en contra de los intereses españoles, con la pérdida de inversiones y de subcontratas en el país.
UGT, el sindicato mayoritario en la eléctrica, remitió una carta a Prado, Bogas y los consejeros independientes en la que acusaba al máximo accionista de “expolio” y querer vender Endesa “al mejor postor”.
La central culpaba a Enel de haber sumido a la compañía en “un proceso constante de descapitalización, desinversión y externalización de actividades que pone en gravísimo riesgo el futuro de la empresa y destruye el empleo estable”. Fuentes de la firma aseguraron entonces que las acusaciones respondían a un intento de presionar en la negociación del convenio colectivo y que el grupo italiano no tiene ninguna intención de desinvertir.
