El récord probablemente lo tiene “un señor inglés” que ha resultado ser el titular último —la persona que en realidad controla el capital— de una empresa española a través de una larga cadena de nueve sociedades interpuestas, una de ellas domiciliada en una de las Islas del Canal considerada paraíso fiscal por Gestha (asociación de técnicos de Hacienda). Como dice José María de Pablos, director de Sistemas de Información del Colegio de Registradores, el caso “tiene mala pinta” y probablemente acabará en manos de la oficina antiblanqueo de esta institución para ser investigado. El “señor inglés”, cuyos datos son confidenciales, y su entramado societario han salido a la luz gracias al Registro de Titularidades Únicas, una base de datos creada recientemente por el Colegio de Registradores que permite poner nombre y apellido a los auténticos dueños de las empresas.
El registro está dando sus primeros pasos, pero ya hay datos valiosos: ha detectado 122.040 sociedades en la cadena de control de otras, lo que se conoce como sociedades pantalla o interpuestas. De estas, el 89% tienen domicilio en España; casi 14.000 están en otros Estados. Países Bajos, Alemania y Luxemburgo lideran el listado, pero hay casi 300 empresas en países que la Unión Europea incluye en su muy restringida lista de paraísos fiscales (como Arabia Saudí, con 122). Andorra, Panamá, Gibraltar o las Islas Vírgenes Británicas, señaladas por ONG como Tax Justice Network como poco transparentes, suman más de mil empresas.
María Emilia Adán, decana del Colegio de Registradores de España. Mónica Torres
La prevención del blanqueo y de la financiación del terrorismo está detrás de la creación de la base de datos de los Registradores, como explica su decana, María Emilia Adán: “El registro surge de una preocupación europea que se plasma en la cuarta y quinta directivas contra el blanqueo de capitales, que plantean que deba conocerse al menos quién tiene más del 25% de la propiedad de una sociedad”. Desde el año pasado una orden del Ministerio de Justicia obliga a que las sociedades incluyan la identificación del titular real en la presentación de sus cuentas anuales. Las cuentas de 2017 son las primeras que incorporan una nueva página en la que figura quién o quiénes controlan el capital social.
La directiva obliga a los Estados miembros a desarrollar un sistema nacional que además esté conectado al resto de registros europeos —en una plataforma llamada e-justice— para poder intercambiarse información. Por eso es una herramienta muy útil para quienes persiguen la delincuencia económica, como los inspectores de Hacienda, los fiscales anticorrupción o los investigadores de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil o de la UDEF de la Policía Nacional. “Un fiscal me comentó que si llega a tener esto antes se habría ahorrado meses de trabajo porque a veces llegar a la sociedad final les cuesta Dios y ayuda”, asegura De Pablos, que añade que el hecho de encontrar sociedades interpuestas no indica automáticamente que haya un intento de ocultación.
Para José María Peláez, inspector de Hacienda y autor de varios libros sobre blanqueo de capitales, estas herramientas son fundamentales para luchar contra el blanqueo, pero también contra el fraude fiscal y “contra toda la delincuencia en general”. “Todos sabemos que las sociedades, o las telarañas de sociedades, muchas veces se utilizan como instrumento para ocultar quién es el verdadero titular de los bienes. Se pone de testaferros a amigos o familiares, a veces a indigentes sabiendo que no los vamos a encontrar. En vista de ello, la normativa quiere saber quién está detrás”, señala.
El registro va a ser muy útil, pronostica Peláez. “Si tienes que hacer la búsqueda a mano, con siete u ocho sociedades intermedias, no sacas el dato. Ahí está todo. Puedes ver fácilmente, por ejemplo, si el 100% de una empresa lo tienen dos cónyuges, uno de forma directa y otro a través de una sociedad limitada. Es una maravilla porque llegas hasta el final de la cadena y te permite controlar los dominios indirectos”, añade. El sistema es útil, pero imperfecto, asegura, porque los malos saben cómo sortear los obstáculos: “El delincuente puro y duro sabe perfectamente cómo funcionan la administración tributaria, los jueces, la base de datos de registradores y los notarios. Están continuamente maquinando para ver cómo nos engañan”.
El problema de las sociedades 'offshore'
Otro de los problemas de este y todos los registros es que no pueden evitar la utilización de sociedades offshore de los paraísos fiscales, critica Peláez. “La legislación europea se empeña en que se declare la titularidad en los registros, pero si verdaderamente se quisieran saber los titulares reales se tendrían que adoptar medidas efectivas para establecer trabas a los paraísos fiscales”. ¿Cómo? “Que a todas esas sociedades que van allí a ocultarse no se les reconozca personalidad jurídica y no puedan hacer ningún acto de compraventa ni nada en el ámbito mercantil español”, sugiere. En España, asegura, “Gibraltar es un paraíso fiscal. ¿Quién está detrás de esas sociedades? No se sabe; por eso se crean. En el caso de una sociedad de Gibraltar que va a la Costa del Sol y compra un montón de edificios de apartamentos o una cadena de hoteles, no se sabe realmente quién está comprando”.
De momento, el Colegio de Registradores ya ha firmado acuerdos con la Fiscalía del Estado y con la Guardia Civil para que estos puedan usar su base de datos, que permite automatizar búsquedas, y también el acceso a una web segura y muy fácil de usar, en la que solo hay que introducir CIF, DNI o nombre de la sociedad para averiguar quién está en la cadena de control. Lo podrán usar las haciendas forales, la policía, el Sepblac y posiblemente bancos y aseguradoras si demuestran “interés legítimo”, pero no será de acceso público, asegura Adán, que destaca también que el registro incluirá al titular real asimilado: cuando no se encuentre al real, el responsable será el administrador de la empresa.
Notarios y registradores mantienen desde hace un año una pugna soterrada para controlar el registro público de titularidades de España. El Consejo General del Notariado tiene pendiente de resolución un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la orden del Ministerio de Justicia que dio vía libre al registro del Colegio de Registradores. Los notarios alegan que ellos ya cuentan con una base de datos de titularidad real que funciona desde 2014 regulada por la Ley de Prevención de Blanqueo, que “no existe ninguna urgencia o interés público” en crear otra y que una segunda puede “crear confusión”.
Los notarios argumentan también que se “pone en peligro la intimidad” de miles de empresarios porque cualquiera podrá conocer si tienen participaciones ya que el Registro Mercantil es público y señalan que la información no será veraz (porque hay sociedades que no depositan cuentas) ni actualizada (al tratarse de una declaración anual, las participaciones se pueden transmitir al día siguiente). Fuentes consultadas creen que ambos tienen virtudes y defectos y creen que coexistirán.
